“Streaming” desde San Felipe: presos se viralizan en vivo y exponen el fracaso de los controles millonarios del Gobierno
Mientras desde el Ministerio de Seguridad aseguran que las cárceles están controladas y proyectan gastar miles de millones en inhibidores de señal, la realidad marca una total libertad intramuros: internos mendocinos salieron por OmeTV a charlar con un famoso influencer. Tras el papelón, secuestraron cinco celulares.
El contraste entre el discurso oficial y la cruda realidad mendocina volvió a quedar expuesto de la peor manera. Mientras las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia se esfuerzan en promocionar un supuesto “control total” de los establecimientos penitenciarios y justifican inversiones multimillonarias en tecnología de inhibición, los presos de la cárcel de San Felipe demostraron que gozan de total libertad para navegar por internet. El fin de semana, un grupo de internos se volvió viral tras salir de lo más relajados en una transmisión de streaming, dejando en ridículo todo el sistema de seguridad provincial.
El escándalo estalló cuando el conocido streamer bonaerense Valentín Melo, que acumula más de 600.000 seguidores en sus redes, subió un recorte de una de sus transmisiones. A través de la app OmeTV —una plataforma de videollamadas aleatorias—, el joven se conectó con un grupo de muchachos. “¿De dónde sos, papá?”, le preguntaron desde la pantalla. Cuando Melo les consultó si eran de España, los internos respondieron entre risas: “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”.
El papelón oficial y las requisas de urgencia
La charla, que para las redes fue un simple video de humor, cayó como una bomba en los despachos del Gobierno. Ayer por la tarde, arrinconados por la mediatización del caso, el personal del área de Inteligencia del Servicio Penitenciario tuvo que salir a apagar el incendio. Lograron identificar que los jóvenes “youtubers” estaban alojados en el módulo 8B de San Felipe y ordenaron una requisa de urgencia.
¿El resultado? Durante el procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares en ese mismo pabellón. Ahora, el Ministerio de Seguridad inició una investigación administrativa y judicial para tratar de responder la pregunta que indigna a los mendocinos: ¿cómo ingresan estos aparatos si supuestamente los controles son estrictos y si hay personal penitenciario o civil siendo cómplice de este negocio?
Promesas millonarias vs. la realidad de las celdas
El Gobierno quedó en una posición sumamente incómoda. Tras el escándalo, se apresuraron a recordar que desde diciembre de 2023 se “eliminó definitivamente” el ingreso de dispositivos y que en abril de 2025 se implementó un Sistema Único de Control Penitenciario con tecnología TETRA y más de 300 cámaras de videovigilancia. Sin embargo, a los presos del módulo 8B las cámaras no parecieron importarles demasiado para armar su estudio de transmisión.
Para intentar amortiguar el golpe, el oficialismo volvió a prometer planes a futuro: aseguraron que avanzarán en la implementación de un “sistema de inhibición selectiva de comunicaciones” de altísimo costo, que permitirá identificar líneas activas y bloquearlas junto al ENACOM, además de comprar costosos equipos body scan (escáneres corporales) para las visitas.
No obstante, para el ciudadano de a pie, la lectura es clara: de nada sirven los anuncios de inversiones de miles de millones de pesos en inhibidores y escáneres si la permeabilidad del sistema penitenciario permite que los reclusos sigan teniendo los celulares en sus manos y operando desde sus celdas con total impunidad.
