Agua para las mineras, medidores para vos: la polémica deuda de U$S 75.000.000 millones para medir el agua de los mendocinos

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes, mediante el Decreto Nº 57, un nuevo endeudamiento internacional que pagarán todos los mendocinos. Se trata de un préstamo de 75 millones de dólares con el fondo FONPLATA. Bajo el título técnico de «Programa de Optimización», la letra chica revela el verdadero objetivo: financiar la compra e instalación masiva de medidores de agua para cobrarle más a las familias, mientras la provincia avanza en la entrega de recursos a proyectos mineros.

Deuda en dólares para controlar tu consumo La oficialización del decreto confirma que el Estado tomará deuda en moneda extranjera no para grandes obras de reservorios que generen más agua, sino para ajustar el cobro. El plan contempla la instalación de entre 20.000 y 40.000 kits de micromedición en una primera etapa.

¿Qué significa esto para el vecino? El fin de la «cuota fija». El objetivo es cambiar el sistema de facturación a uno por volumen: el que riega, paga; el que llena una pileta, paga. La premisa oficial es «cuidar el recurso», pero la realidad es que se busca aumentar la recaudación de AYSAM a costa del consumo domiciliario.

El agua: ¿Para quién? La indignación surge al contrastar esta medida con la política minera del gobierno de Alfredo Cornejo. Mientras se endeuda a la provincia en 75 millones de dólares para contarle las gotas de agua a una familia en Las Heras o Guaymallén, se impulsan proyectos mineros que demandan volúmenes industriales de agua sin el mismo rigor de control social.

La lógica parece ser clara: ajuste y micromedición para los ciudadanos; facilidades y recursos para las empresas extractivas.

Mendoza hipotecada Este préstamo con FONPLATA se suma a la carga de deuda de la provincia. Los 75 millones de dólares deberán devolverse con intereses, saliendo del mismo bolsillo que ahora deberá afrontar boletas de agua más caras por la instalación de los nuevos medidores. La «optimización» que promete el decreto parece ser, en realidad, una transferencia del costo de la crisis hídrica a los usuarios residenciales, mientras el agua para el negocio minero no se discute.