La Policía de Mendoza atraviesa su momento más oscuro. El suicidio de Evelin Funes, una joven oficial de 35 años y madre de un niño, ha desatado una tormenta que el Gobierno provincial ya no puede ocultar. Funes, que prestaba servicio en la UCAR de Godoy Cruz, se quitó la vida con su arma reglamentaria en San Martín, convirtiéndose en la víctima número 15 (entre policías y penitenciarios) desde que Mercedes Rus asumió como ministra de Seguridad.
La tragedia no es un caso aislado, sino el síntoma de un sistema colapsado. La Asociación de Esposas y Familiares de Policías, liderada por Liliana Cortez, se movilizó hoy a la Casa de Gobierno para exigir la renuncia de la ministra Rus. La denuncia es brutal: «Nuestros policías no tienen contención psicológica, tienen sueldos de miseria y trabajan recargados».
Cortez fue contundente al señalar que los organismos de supuesta ayuda, como Sanidad Policial, «lo único que hacen es castigar al personal» en lugar de contenerlo.
El silencio oficial ante la Legislatura
Mientras las familias lloran a sus muertos, el Ministerio de Seguridad elige el silencio. Se conoció que la ministra Rus no ha respondido a un pedido de informe clave solicitado por la Senadora Cristina Gomez presentado en el Senado, donde se le exige blanquear la realidad de la fuerza.
El proyecto, que busca echar luz sobre la implementación de la Ley 9637 de Seguridad Ciudadana, pide datos que el gobierno parece querer esconder bajo la alfombra:
- Cantidad real de suicidios desde diciembre de 2023 y qué medidas (si es que hay alguna) se están tomando.
- Número exacto de bajas y retiros, ante la denuncia de que «nueve policías por día piden la baja o se jubilan» por las pésimas condiciones.
- Cantidad de móviles operativos, ya que existen incongruencias graves entre lo que dice el Ministerio y lo que informa el Tribunal de Cuentas.
La situación es crítica: hoy Mendoza tendría menos efectivos (promedio de 9.500) que hace diez años (9.930 en la gestión de Pérez), mientras la inseguridad crece y los uniformados, sin apoyo ni recursos, toman decisiones drásticas. Ni la ministra ni el director de la Policía, Marcelo Calipo, han dado la cara ante los familiares ni han respondido los informes legislativos.