Mientras el Gobierno provincial destina miles y miles de millones de pesos a pauta publicitaria para vender una gestión impecable, la cruda realidad se desmorona sobre las cabezas de casi 200 alumnos en Las Heras. En la escuela Francisco Moyano, un edificio centenario, los padres no piden lujos, piden que sus hijos no mueran aplastados por un trozo de mampostería o electrocutados por un cable suelto.
El hartazgo llegó a un punto de quiebre. Tras la última tormenta, la estructura de la escuela colapsó aún más, pero el abandono es crónico. Los padres, desesperados, se niegan a seguir arriesgando la vida de sus hijos. «No los voy a mandar hasta que la escuela no esté en condiciones», afirma Sonia, una mamá cuyo hijo ya sufrió un accidente con una mochila de hierro fundido del baño. Su reclamo es el de todos: «Ponen parches y se vuelve a romper todo».
La situación es de una gravedad alarmante. Una maestra salvó su vida de milagro cuando un pedazo de techo se le desplomó encima mientras trabajaba. Hay cables pelados colgando, paredes húmedas y el gas es un lujo intermitente que obliga a suspender las clases. Sin embargo, para la Dirección General de Escuelas (DGE), el peligro no parece ser una prioridad.
En un acto de cinismo burocrático, Infraestructura Escolar envió un inspector que, a pesar del desastre evidente, firmó un acta «donde garantiza la habitabilidad del edificio». Prometen una solución en «dos etapas», una fórmula ya conocida para dilatar arreglos urgentes con promesas vacías.
La pregunta de los padres resuena con una lógica aplastante: ¿Cómo puede ser que no haya fondos para garantizar un techo seguro para los niños, pero sí existan partidas millonarias para propaganda? La respuesta parece estar en las prioridades de una gestión más preocupada por su imagen que por la seguridad y el futuro de sus estudiantes.