El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es la prisión más grande de América. Fue construido en tiempo récord y puede albergar hasta 40.000 reos.
El Gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de este viernes a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, publicó el mandatario en sus redes sociales.
Agregó: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.
Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo”.
El presidio fue construido para recluir a parte de los 62.975 pandilleros detenidos bajo el polémico régimen de excepción instaurado por Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo pasado.
Con el fin de levantar la cárcel, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas.
En la cárcel, que fue construida en un tiempo récord de siete meses, trabajaron 3.000 personas y la obra fue supervisada por una empresa mexicana.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición, que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su “profunda preocupación” por esta nueva cárcel en El Salvador dado que “podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a cerca de 63.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.