En Mendoza, más de 43.500 personas con discapacidad fueron citadas para demostrar su situación en el marco de las auditorías que lleva adelante el Gobierno Nacional. Lo que en los papeles se presenta como un control para “evitar fraudes” se traduce en una verdadera persecución hacia los más vulnerables, mientras que en las altas esferas del poder circulan denuncias de coimas millonarias en la Agencia Nacional de Discapacidad, ligadas al entorno de Karina Milei.
Mientras los negocios turbios con los medicamentos y las auditorías amañadas se multiplican, miles de mendocinos con discapacidad enfrentan la angustia de perder la pensión que les garantiza la supervivencia. Hoy, no saben si cobrarán el mes próximo, si serán convocados en lugares accesibles o si directamente quedarán fuera del sistema por una notificación que nunca les llegó.
En Mendoza, el llamado alcanzó a 41.511 personas en la primera convocatoria y a 2.000 más en la segunda. San Rafael (5.599), Guaymallén (5.021) y Las Heras (4.403) están entre los departamentos más afectados. Pero lo más grave es que el número real de suspensiones se oculta: la Agencia Nacional de Discapacidad no entrega datos oficiales, ni a la provincia ni a las organizaciones que representan al sector.
En paralelo, el escándalo de corrupción que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad, con denuncias de coimas en la compra de medicamentos e insumos, desnuda la verdadera prioridad de este gobierno: los negocios de la casta, no los derechos humanos.
“Hoy la discapacidad está en agenda por corrupción y no por derechos”, advirtieron desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza. La frase resume un escenario cruel: mientras Milei y Karina juegan a la transparencia, los más débiles cargan sobre sus espaldas el costo de las auditorías, las demoras y la incertidumbre.
Las provincias ya reclamaron suspender este proceso hasta que se garantice accesibilidad, transparencia y trato digno. Pero la respuesta del Gobierno Nacional fue el silencio.
En un país donde las coimas son rápidas y efectivas, pero los trámites para las personas con discapacidad se vuelven imposibles, la conclusión es clara: los negocios no esperan, los derechos sí.