A través del Decreto 617/2025, el Gobierno de Javier Milei, junto con su ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, oficializó un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles que impactará de lleno en el bolsillo de los argentinos desde el 1 de septiembre.
La suba recae sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, que tendrán fuertes incrementos:
- En la nafta, el impuesto sube a $10,523.
- En el gasoil, se aplicarán $8,577 de monto fijo más $4,644 de gravamen diferencial.
- También aumenta el impuesto al dióxido de carbono: $0,645 para las naftas y $0,978 para el gasoil.
El ajuste llega después de varias postergaciones que solo sirvieron para patear los aumentos y acumularlos todos juntos, de modo que en septiembre los argentinos sufrirán de golpe la carga impositiva que el propio Gobierno había diferido con decretos anteriores.
El argumento oficial habla de “estimular el crecimiento económico y sostener un sendero fiscal sustentable”. En la práctica, significa otro tarifazo disfrazado de actualización, que se suma a la lista interminable de aumentos que golpean al salario y al consumo popular.
El impuesto que no se ve, pero se paga
YPF aplica un sistema de “micropricing” que ajusta los precios en cada estación de servicio según ciclos de demanda y región. Esto permite que los aumentos pasen desapercibidos porque ya no se anuncian oficialmente como antes. Sin embargo, el resultado es el mismo: los argentinos pagan cada día más caro el combustible sin saber cuánto subió realmente.
La decisión del Gobierno, presentada como técnica y necesaria, esconde un nuevo impuestazo bajo la alfombra del micropricing. Una maniobra que garantiza la recaudación, pero deja al consumidor indefenso, sin referencias claras de los aumentos que está afrontando.