En lugar de garantizar mayor transparencia, el Gobierno de Mendoza dio un paso que abre preocupaciones. Con el argumento de “agilizar” la obra pública, el Ejecutivo de Alfredo Cornejo modificó el reglamento del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP) y redujo drásticamente los requisitos que deben cumplir las empresas que buscan ejecutar obras en la provincia.
El nuevo decreto 1258, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Cornejo y el ministro Natalio Mema, elimina restricciones técnicas por especialidad, recorta un 37% de la documentación exigida y baja la barrera de entrada para nuevas empresas, incluso aquellas sin experiencia comprobada.
El argumento oficial es que estas modificaciones permitirán una “mayor concurrencia de oferentes” y una supuesta mejora en los tiempos de ejecución. Sin embargo, expertos y sectores opositores advierten que esto implica una preocupante relajación de controles, y que podría derivar en la adjudicación de obras públicas a empresas sin trayectoria, sin capacidad técnica o incluso con antecedentes dudosos.
Para el ministro Mema, “no se trata de apurarse, sino de relajar las barreras de entrada”. Una definición que genera inquietud: en la práctica, relajar significa facilitar el acceso al negocio de la obra pública a cualquier empresa, incluso sin antecedentes sólidos ni respaldo técnico o financiero comprobado.
Además, se incorporaron criterios “específicos” para permitir el ingreso de empresas extranjeras, sin aclarar con qué parámetros se las evaluará ni qué mecanismos garantizarán su transparencia. En lugar de reforzar los mecanismos de auditoría, se apuesta a un sistema más laxo, donde el control estatal queda más debilitado.
Aunque el decreto también menciona sanciones para empresas que incumplan el reglamento, la verdadera preocupación es qué tipo de empresas ingresarán ahora al mercado de la obra pública mendocina, gracias a este nuevo modelo más permisivo.
Bajo la fachada de la “desburocratización”, el Gobierno de Cornejo deja la puerta abierta a la opacidad en licitaciones, y reduce las exigencias que antes servían como filtro mínimo para garantizar que los fondos públicos no terminen en manos inadecuadas.