En septiembre de 2024, la vida de Martiniano Palazzo cambió para siempre. Con apenas 10 años, una caída de 3 metros desde un castillo inflable le provocó un traumatismo de cráneo severo, dejándolo con secuelas neurológicas irreversibles. Desde ese momento, su familia vive en hospitales y clínicas, luchando por garantizarle terapias, medicación e insumos para una vida digna.
Daniela Conte, su madre, no es cualquier ciudadana: hasta hace pocos meses se definía como una orgullosa votante de Javier Milei y La Libertad Avanza. Pero el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad la empujó a marchar en contra del mismo hombre al que ayudó a poner en la Casa Rosada.
En una carta pública dirigida al Presidente, Daniela fue clara:
“Sr. Presidente, yo lo voté porque creí que Usted podía arreglar un poco esta pobre Argentina… Pero hoy siento que pagan justos por pecadores.”
Mientras el Gobierno recorta y desregula, familias como la de Martiniano quedan atrapadas en un sistema que les da la espalda. El veto no distingue entre “viveza criolla” y necesidad real: simplemente borra de un plumazo cualquier esperanza de ayuda inmediata.
El ajuste libertario, vendido como un acto de justicia económica, se siente muy distinto cuando la libertad de mercado se impone sobre la vida de un niño que requiere cuidados permanentes. Y la madre que ayer defendía a Milei, hoy clama por que escuche.
Pero en la Argentina del “no hay plata”, la respuesta más probable no viene en forma de políticas públicas, sino de silencio.