Violador, asesino y ahora femicida. Walter Jesús Amador Molina tenía todos los antecedentes posibles para estar encerrado de por vida. Sin embargo, salió caminando de la cárcel gracias a una jueza que ignoró los informes técnicos, la ley, y el más básico instinto de preservación social.
Este sábado, Molina salió de una granja penitenciaria donde estaba alojado. Se encontró con su pareja, Flora Inés Moyano, y la asesinó brutalmente. Le dejó un mensaje escrito en la espalda y volvió a dormir como si nada hubiera pasado. La víctima fue encontrada al día siguiente, “descartada” en unos yuyos de Las Heras.
Molina había sido condenado en 2015 por violar a su hija de 17 años. Antes de eso, acumulaba condenas por homicidio, robo y amenazas. Nada de eso impidió que la jueza Mirna Elisa Montaldi le otorgara el beneficio de salidas transitorias, violando el artículo 72 del Código de Ejecución Penal que prohíbe expresamente ese tipo de beneficios a reincidentes y violadores.
Los informes de psicólogos y asistentes sociales eran lapidarios. Molina negaba la violación diciendo que “tuvieron sexo”, minimizaba su responsabilidad y no demostraba arrepentimiento. Pese a eso, salió.
Flora Moyano se convirtió en la víctima número uno de esta cadena de negligencia judicial. Una mujer de 61 años, madre, fue asesinada a manos de un femicida que no debía estar libre. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, se mostró indignada y escribió en redes: “Una víctima que no fue protegida”.
Pero hay algo más grave. Mientras hoy el Gobierno intenta despegarse de estos jueces, lo cierto es que muchos de ellos —incluyendo fiscales y funcionarios— fueron designados por el mismo poder político que ahora mira para otro lado. La salida de este asesino no fue casualidad, fue parte de un sistema podrido.