En Mendoza, salir a defender el agua dulce y los glaciares parece haberse convertido en un delito que se paga con gas pimienta. Este jueves, mientras el Senado de la Nación le daba la media sanción a la polémica reforma de la Ley de Glaciares —que flexibiliza la protección de nuestras reservas hídricas—, en las calles de la capital mendocina el Gobierno provincial montó una cacería para silenciar a quienes se manifestaban pacíficamente.
La convocatoria reunió a familias, vecinos y organizaciones ambientales bajo un clima de absoluta calma y con un reclamo histórico: el agua no se negocia. Sin embargo, cuando la marcha ya estaba en fase de desconcentración, la Policía de Mendoza desató la represión, arrojando gases para dispersar a los asambleístas.
El libreto de los «infiltrados» Para justificar lo injustificable, el Ministerio de Seguridad comandado por Mercedes Rus activó un relato de manual, al mejor estilo de la ex ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. A través de un comunicado oficial, denunciaron que un grupo de «encapuchados» intentó bloquear el tránsito, agredió a efectivos y hasta quiso prenderlos fuego con «una sustancia inflamable».
La gravedad de la acusación choca de frente con la realidad de los hechos: no hay un solo detenido ni identificado.
¿Dónde están las pruebas? El Gobierno provincial cuenta con un arsenal tecnológico, desde las cámaras de seguridad del centro mendocino hasta las promocionadas bodycams (cámaras corporales) que llevan los uniformados en sus chalecos. Esas mismas cámaras que el oficialismo no duda en filtrar cuando le conviene, hoy están curiosamente apagadas. Hasta el momento, no se difundió ni un solo segundo de video que respalde la existencia de esos supuestos agresores violentos.
La vieja táctica para deslegitimar Quienes participaron de la movilización son categóricos: la marcha era pacífica hasta que la Policía decidió gasearlos. En las redes sociales, cientos de mendocinos ya denuncian que la figura de los «encapuchados» no es más que la histórica táctica de plantar infiltrados (o directamente inventarlos en un parte de prensa) para justificar la represión y desviar el eje de la discusión.
Mientras Cornejo y sus legisladores miran para otro lado ante la entrega de nuestros recursos naturales en el Congreso, en Mendoza la respuesta estatal a la defensa del agua es el garrote y el gas. Un modelo que no tolera el disenso y que, a falta de argumentos, apela al apriete institucional.