En Mendoza, la defensa del agua se paga con gas pimienta, golpes y detenciones. El gobierno de Alfredo Cornejo, en su afán de vender la provincia e impulsar el proyecto megaminero San Jorge en Uspallata, desató anoche una brutal represión contra una manifestación pacífica, dejando en claro que el diálogo se terminó y que la única negociación posible es con la policía.
La marcha, convocada por vecinos, asambleas socioambientales y organismos de Derechos Humanos, se desarrollaba en paz. El objetivo era simple: rechazar la explotación de oro y cobre que impulsa Cornejo. Sin embargo, la calma se rompió cuando la policía les impidió el paso hacia la Plaza Independencia.
Allí comenzó la cacería. Los testigos denuncian que un hombre corpulento de civil, presuntamente el Comisario Mayor Mario Rili, actuó como un provocador, golpeando a los manifestantes para desatar el caos. Inmediatamente, los uniformados lanzaron gas pimienta y comenzaron los forcejeos.
La violencia policial tuvo dos objetivos claros: Liza Rule, reconocida militante de H.I.J.O.S., y Martín Iglesias. Según la denuncia de la propia Rule, el comisario de civil la interceptó por la espalda, la golpeó y la arrastró hacia el interior de la Legislatura, donde continuó la golpiza. La militante intentó denunciar la violencia institucional en la Comisaría Séptima, pero el personal policial se negó a tomarle la denuncia, en un acto de encubrimiento y complicidad.
Lejos de pedir disculpas, el jefe de la Policía, Marcelo Calipo, salió a justificar el accionar de sus fuerzas, llamando «asociales» a los manifestantes y resumiendo la protesta como un intento de «desestabilizar el orden público». En una amenaza directa, Calipo anticipó que puede haber más detenidos, admitiendo que están revisando las «bodycam» para seguir con la cacería de mendocinos que se oponen a los negocios mineros del gobierno.