En un nuevo golpe al bolsillo que demuestra una desconexión total con la realidad de los trabajadores, el Gobierno provincial oficializó un brutal aumento del 40% en el boleto de transporte público. El «tarifazo», publicado en la Resolución Nº 1656, se aplicará en dos cuotas para disimular el impacto: la primera el 10 de noviembre y la segunda el 1 de enero.
De esta manera, la tarifa que hoy cuesta $1.000 saltará a $1.200 en pocos días, y comenzará el 2026 en $1.400.
La medida es un castigo injustificable para los usuarios. Mientras el gobierno se excusa en la «necesidad de mantener el equilibrio financiero» ante el aumento de costos, la realidad es que los salarios y la inflación general no han crecido un 40% desde el último aumento en abril. Es un ajuste que pagan los pasajeros, no la política.
El gobierno intenta maquillar el golpe manteniendo el esquema de descuentos por frecuencia, pero la realidad es que el aumento en el boleto plano es el que define el costo de vida del trabajador que toma uno o dos micros por día.
Incluso los jubilados, uno de los sectores más vulnerables, sufrirán el impacto, viendo cómo su tarifa diferenciada trepa a $700 en enero. Mientras el gobierno se preocupa por el «equilibrio» de las empresas, los ciudadanos hacen malabares para un «equilibrio» que nunca llega.