Puertas adentro del gobierno de Rodolfo Suarez, varios funcionarios y allegados a la causa común que es instalar la minería en Mendoza, están abocados a buscar estrategias que ayuden a vencer la fuerte resistencia social que la minería tiene en Mendoza, sostenida por la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad en todo el territorio provincial.
Es que, en el seno del gobierno, tienen muy presente que apenas asumido allá por el 2019, cuando Suarez avanzó con la modificación de la Ley 7722, buena parte de las ciudades de Mendoza se levantaron en contra de esta medida, con multitudiarias marchas que llegaron hasta Casa de Gobierno y obligaron al Gobernador a dar marcha atrás con esta decisión inconsulta con la ciudadanía.
Esta “movida”, terminó costando con el tiempo la salida de algunos funcionarios, como el entonces Secretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú (Hoy director por Mendoza en YPF).
Sin embargo, un grupo de poderosos empresarios con intereses en la minería y yacimientos ubicados en el territorio mendocino, con la anuencia de algunos funcionarios, como el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda y el propio Suarez, que en su discurso del 1 de Mayo, ante la Asamblea Legislativa volvió a plantear a la minería como la “salvadora de Mendoza”; han vuelto a la carga en las últimas semanas con el propósito de que en el último año de mandato del actual mandatario, la minería quede instalada en Mendoza.
En este marco, la consigna es clara: llevarse “puesta” la Ley 7722.
Algunos trascendidos, hablan incluso de que parte del dinero que envía la Nación por Portezuelo del Viento, podrían ser derivados a generar una campaña de “alto impacto”, que busque romper la resistencia social.
Pero este embate minero, viene también de la mano del fracking, otra actividad con muchos intereses económicos de por medio, entre ellos, poderosos empresarios “amigos” de la gestión, pero, además, que involucra incluso a algunos actuales funcionarios.
En medio de todo esto, la discusión seria de cómo cuidar el agua, un recurso estratégico y vital en Mendoza, pero sobre todo, cada vez más escaso, sigue al margen de la agenda política.