El Gobierno de Javier Milei ha generado un intenso debate al habilitar un nuevo régimen que facilita a los civiles el acceso a armas semiautomáticas potentes, comúnmente derivadas de armas militares. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Registro Nacional de Armas (RENAR), establece los requisitos y controles para que legítimos usuarios puedan adquirir fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto.
Mientras el Gobierno regula la tenencia para fines que incluyen el tiro deportivo, la resolución encendió las alarmas en las organizaciones que militan por el desarme, quienes advierten sobre «consecuencias desastrosas».
Martín Angerosa, de la Red Argentina para el Desarme, fue tajante y aseguró que este es un paso más en un plan para «liberar la portación de armas». Según el experto, aunque se pidan requisitos para uso deportivo, se trata de armas con una letalidad enorme. «Son armas que pueden tirar ráfagas de balas. No es para hacer tiro al blanco», explicó.
La principal preocupación de los críticos es doble. Primero, que estas armas, ahora en manos de civiles, terminen en el mercado negro, facilitando el trabajo al crimen organizado que antes debía robarlas de los cuarteles.
Segundo, citan el «caso Bolsonaro» en Brasil, donde una política similar de liberalización del mercado de armas coincidió con un aumento de femicidios con este tipo de armamento y la aparición de tiroteos en escuelas. «Una persona con una de estas y dos o tres cargadores puede matar a 100 personas», concluyó Angerosa, subrayando el enorme riesgo que, a su entender, esta medida implica para la sociedad.