La Secretaría de Educación, tras el fracaso de la instancia de diálogo con los gremios, decidió que el salario mínimo docente será de $ 420.000
El Gobierno Nacional fijó el nuevo salario mínimo docente en $420.000 desde julio, de manera unilateral al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 689/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La decisión del Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Educación, se da tras el fracaso de la instancia de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se reunió en diferentes oportunidades entre febrero y julio, sin arribar a un consenso sobre el nuevo piso salarial para los docentes.
Al respecto, el texto oficial precisó que “las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no pudo arribarse a un acuerdo sobre el monto de la retribución mínima de los trabajadores docentes“.
Salario mínimo de referencia para negociaciones provinciales
En este marco, la normativa dispuso “determinar, a los efectos del funcionamiento del sistema educativo, un salario mínimo docente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra”:
- A partir del 1º de abril de 2024, $ 380.000.
- A partir del 1° de mayo de 2024, $ 400.000.
- A partir del 1° de julio de 2024, $ 420.000.
Además, se estableció que el nuevo sueldo mínimo “será el importe de referencia para dar cumplimiento a las transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9º de la Ley Nº 26.075″.
Al explicar la convalidación del piso salarial propuesto por el Consejo Federal de Educación, el Gobierno indicó que tomó esa decisión “buscando dar una solución a la problemática salarial recibida, y a la dispersión histórica de la conformación de los salarios docentes en las distintas jurisdicciones; pero a la vez considerando la situación económica del país -el orden de las cuentas públicas- y de cada una de las provincias cuyos representantes participaron de las citadas instancias de diálogo”.
Asimismo, destacó que “sin perjuicio de la falta de acuerdo, se señaló unívocamente en todas las instancias referidas la necesidad de establecer el monto del salario mínimo testigo”.
En ese sentido, se puntualizó que la mesa de negociación estuvo conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en representación de los gremios. Mientras que por el Ejecutivo participaron las secretarías de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que garantiza que las escuelas estén abiertas durante los paros
el proyecto de ley que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” para garantizar el dictado de clases durante los días de paro. La iniciativa, impulsada por los bloques de Pro, la UCR y la Coalición Cívica con el aval del oficialismo, fue rechazada por el kirchnerismo y los bloques de izquierda, que despotricaron contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y alegaron que, con esta iniciativa, se vulnera el derecho constitucional a la huelga.
El proyecto -que tuvo 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones– establece que tanto la Nación, como las provincias y la ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular.
Para ello, la iniciativa dispone un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, como así también el servicio de alimentación escolar.
Ante una medida de fuerza gremial, el proyecto dispone que si ésta se extiende entre uno y dos días, deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes; si se prolonga por más de tres días continuos o discontinuos, esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.
Asimismo, la propuesta que ahora tendrá que tratar el Senado dispone que cada establecimiento educativo deberá prever e informar a las autoridades competentes, al inicio del ciclo lectivo, el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento en caso de medidas de fuerza gremiales.
El diputado Alejandro Finnochiaro (Pro), presidente de la Comisión de Educación, elogió la iniciativa. “Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”, destacó previo a la votación.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal –sostuvo-. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló.
Desde la UCR, la diputada Carla Carrizo, una de las autoras de la iniciativa acordada, enfatizó que esta “no es una ley en contra de nadie”.
“Los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando. Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, enfatizó la diputada radical.
En similar sentido se expresó su colega de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, también autor del proyecto. “Esta iniciativa no atenta contra el derecho a huelga”, enfatizó. “Hay dos derechos en pugna, ningún derecho es absoluto, pero hay un derecho superior, que es el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes. Y que al calificar a la educación como servicio estratégico esencial, estamos tomando una decisión -que algunos comparten más, otros menos- que reafirma el papel central que deben tener los alumnos y la educación en lo que es la construcción de una sociedad mucho más equitativa”, sostuvo.
Desde la vereda contraria, la diputada kirchnerista Blanca Osuna enfatizó que, de aprobarse, esta ley violará el pleno derecho de huelga de los docentes y despotricó contra las políticas educativas del gobierno nacional.
“Al presidente Javier Milei no le interesa la educación pública; eliminó el Fondo de Incentivo Docente para, con esos recursos, financiar la educación privada por medio de vouchers”, cuestionó Osuna. Sus pares Hugo Yasky e Itai Hagman coincidieron.
“Prohibir el derecho de huelga a los docentes es como decir que encontramos la respuesta a la diarrea y usamos un tapón”, aseguró Yasky, secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Tras aprobar esta iniciativa, los legisladores tenían previsto debatir el financiamiento a las universidades. En medio de una semana de paro de los docentes del sector, los diputados de la UCR lograron incluir este tema en la sesión pese a la renuencia inicial del bloque oficialista. Los libertarios accedieron ante la amenaza cierta de no alcanzar el quórum en el recinto para discutir los proyectos de su mayor interés, como el de la esencialidad del servicio educativo.