La intención del gobierno de Javier Milei de eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino marca un preocupante retroceso en los derechos ganados por las mujeres tras años de lucha. Esta medida, defendida por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, bajo el argumento de la “igualdad ante la ley”, ignora las desigualdades estructurales y las violencias específicas que enfrentan las mujeres por razones de género.
Desde su incorporación en 2012, la figura del femicidio no solo busca sancionar con mayor severidad los crímenes de odio contra las mujeres, sino también visibilizar una problemática que tiene raíces profundas en el machismo y la desigualdad social. Su eliminación no promueve la igualdad; por el contrario, borra el reconocimiento de la violencia de género como una realidad diferenciada y arraigada en la estructura patriarcal.
El discurso del ministro, que tilda al feminismo de buscar “privilegios” y “enfrentar a una mitad de la población con la otra”, refleja un desconocimiento alarmante de las cifras: en Argentina, una mujer es asesinada por razones de género cada 30 horas. Desconocer el agravante del femicidio es negar estas realidades y enviar un mensaje de desprotección a las víctimas de violencia.
Asimismo, el proyecto “Igualdad ante la Ley” va más allá y apunta a derogar normativas fundamentales como la Ley de Identidad de Género, el DNI no binario y la Ley Micaela, entre otras, retrocediendo en políticas que garantizan derechos y equidad para las diversidades.
Lejos de avanzar hacia una sociedad más justa, estas medidas representan un ataque directo a los derechos humanos y a décadas de lucha feminista. Las mujeres no buscan privilegios, sino justicia en un país donde la desigualdad y la violencia aún las afectan de manera desproporcionada. Es necesario defender las conquistas alcanzadas y no permitir que decisiones políticas borren años de lucha por la igualdad real.