El gobierno de Alfredo Cornejo ha decidido gastar más de 2.300 millones de pesos en la compra de inhibidores de señal para las cárceles, mientras la falta de control dentro de los penales sigue siendo alarmante. En lugar de garantizar que los presos no manejen el delito desde adentro, optan por un costoso parche tecnológico que difícilmente resolverá el problema de fondo.
Hace apenas unos días, se filtraron videos de reclusas de Mendoza realizando TikToks dentro de la cárcel sin ningún tipo de restricción ni supervisión. Mientras tanto, en las redes sociales circulan denuncias sobre presos que siguen organizando estafas, amenazas y delitos desde sus celdas, con celulares que no deberían poseer en primer lugar.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, anunció que los inhibidores se instalarán antes de fin de año en los 22 establecimientos penitenciarios de la provincia, priorizando las cárceles de Almafuerte I y II, Boulogne Sur Mer y San Felipe. Sin embargo, nada se dice sobre cómo evitar que los presos accedan a celulares en primer lugar o por qué el Estado no refuerza el control interno en vez de gastar una fortuna en tecnología que, sin vigilancia, será inútil.
Los mendocinos pagan millones para que el gobierno tercerice su responsabilidad en la seguridad penitenciaria, mientras los delincuentes siguen manejando el crimen desde sus celdas. ¿No sería más lógico controlar a los presos en lugar de malgastar recursos en soluciones a medias?