Mientras la Argentina atraviesa una de las olas polares más crudas de los últimos años, el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo golpe para los sectores más vulnerables: desreguló por completo el mercado del gas envasado, dejando que el precio de las garrafas se fije libremente “según oferta y demanda”.
La medida, oficializada mediante el Decreto 446/2025, elimina la facultad del Estado de fijar precios máximos para garrafas de 10 y 15 kilos, que son la única fuente de calefacción y cocina para millones de familias sin acceso a gas natural. De un plumazo, la promesa de proteger a quienes menos tienen quedó pulverizada: “Ahora cada uno pagará lo que el mercado disponga”, explicaron desde el sector, anticipando aumentos que podrían ser imposibles de afrontar para jubilados, familias humildes y barrios populares.
Como si fuera poco, el país se encuentra inmerso en un colapso energético. Esta semana, la Secretaría de Energía dispuso cortes masivos de suministro de gas natural comprimido (GNC) para estaciones de servicio, industrias y hasta interrupciones en la exportación a Chile y otros países. En Mendoza y Córdoba, cientos de taxistas, remiseros y trabajadores que dependen de sus autos se ven obligados a parar sus actividades ante la falta de combustible.
El cuadro es tan absurdo como indignante: “No iba a faltar gas en ningún lado”, prometió Javier Milei en uno de los videos que hoy circula como prueba de un discurso que se derrumba frente a la realidad. La combinación de falta de inversión, cortes programados y una desregulación que libera el precio de la garrafa dibuja un panorama dramático para miles de familias que, en pleno invierno, deben elegir entre pagar la comida o calefaccionarse.
“Nos dejan a la intemperie”, protestó un vecino de un barrio popular de Las Heras. “Primero no hay gas y ahora, si querés una garrafa, la pagás a lo que se les ocurra. El mercado decide mientras nosotros nos congelamos”.
El recorte de derechos energéticos se da mientras crecen las denuncias por falta de obras de infraestructura clave, como plantas regasificadoras y redes de distribución, que permitirían garantizar el suministro sin parches ni cortes improvisados.
Así, mientras la cadena de frío se extiende, el Gobierno se lava las manos y deja a los sectores más castigados rehenes del “mercado libre”, sin ningún control, mientras la clase media y trabajadora soporta la crisis con tarifas que ya son impagables.