Bajo la excusa de un “relevamiento” de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el Gobierno nacional inicia este miércoles un proceso que esconde un claro objetivo: recortar beneficios y dar de baja a quienes más lo necesitan. La provincia de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, se ha puesto al servicio de esta medida, facilitando su ejecución en todo el territorio.
Si bien desde la cartera de Salud local intentan transmitir tranquilidad, afirmando que la documentación se podrá actualizar más adelante, lo cierto es que este operativo esconde un trasfondo preocupante. Se trata de una auditoría masiva que, lejos de buscar “ordenar” el sistema, pretende ajustar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, al considerarlos un “gasto innecesario”.
Se estima que en Mendoza hay entre 30.000 y 40.000 personas que dependen de estas pensiones para sobrevivir, y ahora muchas de ellas están en riesgo de perder ese derecho.
Un filtro disfrazado de auditoría
El proceso, que se implementa a nivel nacional, exige a los beneficiarios presentarse ante auditores médicos del PAMI en los centros de salud determinados. Sin embargo, el temor es evidente: muchas personas han salido desesperadas a actualizar certificados médicos, ante el miedo de que cualquier falta administrativa se convierta en una excusa para quitarles el beneficio.
Además, las citaciones se realizan mediante carta documento, con plazos estrictos para presentar documentación. En caso de no asistir o no contar con la documentación exigida, el beneficiario puede ser dado de baja. El Estado pone todas las trabas posibles para que las personas con discapacidad, muchas en condiciones de vulnerabilidad extrema, no puedan cumplir con estos requisitos y pierdan el único ingreso que les garantiza un mínimo sustento.
El Gobierno insiste en que esto es “solo un cambio administrativo”, pero la realidad muestra lo contrario. Cada vez más sectores denuncian que esta es una medida encubierta para reducir el número de beneficiarios y recortar el gasto social, sin importar el impacto humano.
Mientras el ajuste sigue golpeando a los más débiles, el mensaje del oficialismo es claro: las pensiones por discapacidad están en la mira.