Mendoza está al borde del caos. Miles de taxistas y remiseros, empujados a la extinción por un Gobierno que legalizó y ampara lo que ellos denuncian como una estafa, tomarán las calles este martes en una batalla que podría ser la final. No es solo una protesta contra Uber o Cabify, es un grito de guerra contra un sistema y un Estado que, aseguran, los ha abandonado para entregarle el negocio a las multinacionales.
La pelea es brutalmente desigual. Mientras los 1.306 taxis mendocinos son ahogados por una burocracia asfixiante –cuatro revisiones técnicas anuales, seguros millonarios, sistemas satelitales monitoreados por la policía y la obligación de tener empleados registrados–, las 4.016 unidades de las plataformas operan con una libertad que indigna. «Mientras nosotros pagamos impuestos y cargas sociales, las apps se llevan el dinero sin dejar nada en la provincia», denuncian desde el Sindicato de Taxis.
Esta «competencia desleal», como la llaman, no nació de la nada. Fue creada y legalizada por el propio Gobierno en 2018 con la Ley de Movilidad 9.086, una legislación que, según los taxistas, se diseñó para destruirlos. Ni siquiera la Justicia les dio la razón: en 2022, la Suprema Corte ratificó la ley, dándole la espalda a los trabajadores locales y consolidando el triunfo de las aplicaciones.
El drama humano es devastador. «Hay colegas que están migrando hacia otros oficios o hasta metiéndose en un vehículo de plataforma porque no pueden renovar la unidad de taxi», confiesa Héctor Cannizzo de Aprotam. Es la postal del abandono: trabajadores mendocinos forzados a claudicar ante un sistema que los condena.
Por eso, la protesta de este martes es un ultimátum. La caravana no solo entregará un petitorio en la Legislatura y Casa de Gobierno, sino que amenaza con quedarse. «No nos retiraremos hasta obtener respuestas concretas», advierten. La exigencia es clara y apunta a la cúpula del poder: «Nos tiene que atender de (Natalio) Mema para arriba».