Hecha la ley, hecha la trampa: Manuel Adorni y su esposa se adhirieron a la Ley de “Inocencia Fiscal” para no declarar el origen de su patrimonio

El Jefe de Ministros y Betina Angeletti ingresaron al nuevo régimen impositivo de ARCA este martes 9 de junio. La normativa les permite pagar Ganancias basándose únicamente en lo facturado, blindándolos de tener que justificar compras de departamentos, reformas suntuosas y consumos millonarios con tarjetas durante 2025. Fuerte debate por los alcances de la ley impulsada por el oficialismo.

Una fuerte controversia de impacto institucional y ético sacude los pasillos de la Casa Rosada tras conocerse los últimos movimientos fiscales del Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Según registros oficiales extraídos del sistema de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), el funcionario y su esposa, Betina Angeletti, solicitaron de manera formal acogerse a los beneficios de la Ley 27.799, popularmente denominada “Ley de Inocencia Fiscal”. La maniobra impositiva se ejecutó en la jornada de este martes 9 de junio, apenas días antes del vencimiento para la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial anual.

El ingreso a este régimen simplificado especial, ideado originalmente por el diputado José Luis Espert y fuertemente defendido por el presidente Javier Milei, exime a los contribuyentes de tener que dar explicaciones ante el fisco respecto a las variaciones u oscilaciones de su patrimonio neto y de sus consumos personales. Al amparo de esta normativa, el matrimonio Adorni-Angeletti tributará el Impuesto a las Ganancias calculando el monto final únicamente sobre el total facturado en el ejercicio fiscal, independientemente de la magnitud de los bienes o el dinero en efectivo que hayan sumado a sus arcas en el último año.

Los bienes e incrementos bajo la lupa social

La decisión del Jefe de Gabinete de adherir a este polémico paraguas legal reactivó de inmediato las críticas de los sectores de la oposición y de analistas económicos, quienes venían cuestionando la evolución de las finanzas privadas de la familia Adorni durante el período 2025. Al día de hoy, el funcionario no ha brindado aclaraciones públicas sobre una serie de operaciones comerciales inmobiliarias y gastos suntuosos que aparecen desproporcionados frente a sus ingresos formales del sector público.

Entre los principales puntos grises que el entorno familiar busca blindar a través de la Ley de Inocencia Fiscal se destacan:

• La propiedad en Caballito: La adquisición de un departamento en dicho barrio porteño mediante un desembolso inicial de 30.000 dólares y una millonaria hipoteca complementaria de 200.000 dólares que fue respaldada y habilitada de forma llamativa por dos jubiladas.
• Refacciones de lujo: La ejecución de costosas obras de remodelación y ampliación edilicia en una propiedad residencial ubicada dentro del exclusivo Country Club Indio Cuá, valuadas por peritos del sector en un estimado de 245.000 dólares.
• Turismo premium: Sucesivos viajes de placer y estadías en destinos de alto estándar internacional como Aruba, Punta del Este y el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche, con costos totales que superaron los 30.000 dólares.
• Consumos en tarjetas de crédito: Registros de resúmenes bancarios que reflejan gastos acumulados por encima de los 80 millones de pesos durante el transcurso del año 2025, cifras que duplican los haberes netos percibidos por el vocero gubernamental en sus funciones institucionales.

Una ley que ampara a los funcionarios

El espíritu de la Ley de Inocencia Fiscal fue catalogado por el propio presidente Javier Milei como “una herramienta revolucionaria para devolverle la libertad a los argentinos de bien y proteger sus ahorros frente a la persecución del Estado”. Sin embargo, el texto aprobado por el Congreso de la Nación no incluyó cláusulas de exclusión explícitas para las denominadas Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que faculta a los miembros del gabinete, gobernadores y legisladores a utilizar el blanqueo patrimonial con la misma facilidad que un ciudadano común.

Con esta movida contable, Manuel Adorni neutraliza cualquier tipo de investigación administrativa interna por presunto enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública, ya que los datos consolidados bajo el amparo de la Ley 27.799 quedan blindados de forma retroactiva. La revelación genera un fuerte debate ético en la opinión pública respecto a la transparencia y los verdaderos objetivos de las reformas impositivas aplicadas por la actual administración.