Mientras el gobierno provincial sigue alineado al oficialismo nacional, los mendocinos pagan el costo de políticas que no tienen en cuenta las necesidades reales del sistema de salud. El conflicto entre clínicas privadas y traumatólogos, que ya lleva casi tres meses sin solución, está desbordando la capacidad de atención en los hospitales públicos de Mendoza.
Desde fines de marzo, los traumatólogos que atendían a jubilados del PAMI en instituciones privadas dejaron de hacerlo, denunciando pagos insuficientes y condiciones laborales inaceptables. Desde entonces, las soluciones han sido parciales y frágiles. Algunos hospitales, como Santa Clara o la Sociedad Española, retomaron el servicio. Otros, como el Hospital Privado, Santa Isabel, Italiano y A Mano, siguen sin brindar atención a jubilados del PAMI.
La situación ha provocado un fuerte aumento de la demanda en el sector público. Ahora no solo se derivan urgencias desde el sistema privado, sino que muchos jubilados directamente se acercan a los hospitales estatales, convencidos de que en las clínicas no los van a atender.
La provincia intenta mediar entre ambas partes, pero las consecuencias ya son visibles: largas esperas, pacientes descompensados y un sistema de salud al límite.
Mendoza, aun siendo una de las provincias que acompaña políticamente al presidente, no está exenta del daño que generan las decisiones nacionales: el ajuste en salud golpea directamente a los jubilados y convierte a los hospitales públicos en una última trinchera, desbordada y sin refuerzos.
Una vez más, son los ciudadanos comunes —en especial los más vulnerables— los que terminan rehenes de una política nacional que abandona a sus adultos mayores, y de una provincia que no se anima a exigir lo que le corresponde.