El contexto que supone la pandemia y la crisis económica que se profundizó este año en el país muestran a las claras las dificultades que existen en las arcas públicas para cumplir con incrementos salariales que demandan los empleados públicos.
Así, más allá de los reclamos sectoriales, que crecen ante la apertura de las paritarias, ya con una respuesta oficial negativa a la posibilidad de otorgar algún tipo de beneficio, hay un poder supremo que también debe resolver al respecto en la provincia.
Se trata de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que tendrá que definir si otorga un aumento a los magistrados locales, quienes tienen atados sus haberes a lo que pasa en el fuero federal, gracias a un convenio firmado por el ex gobernador Celso Jaque.
Así las cosas, todos los ojos se posan ahora sobre ese 10% de suba que acaba de aprobarse a nivel nacional y que podría ingresar a los bolsillos de los jueces.
Aunque hay dudas de que finalmente lo obtendrán a la brevedad, es un buen momento para acercarse a la sociedad, con un mensaje contundente, de fondo, teniendo en cuenta las claras diferencias que se ensanchan con el resto de los trabajadores.
Son gestos que, cuando hay una intención, suelen tardar en llegar, o se desdibujan. Por eso, tomar una decisión a tiempo y concreta representa un aliciente y una forma de demostrar empatía hacia quienes no tienen tantos beneficios y privilegios.