Los mendocinos salieron una vez más a la calle para defender el agua frente al avance del proyecto minero San Jorge. La convocatoria, realizada por las asambleas, fue pacífica y partió desde el km0 hacia la Legislatura. Sin embargo, lejos de garantizar el derecho a la protesta, el gobierno de Alfredo Cornejo volvió a responder con represión.
Videos registrados en la marcha muestran cómo efectivos de la UCAR, en lugar de prevenir robos o garantizar la seguridad ciudadana, hostigaron a los manifestantes y terminaron provocando forcejeos que derivaron en un operativo violento.
La detención de Facundo Gollano
La escena más grave ocurrió frente a la Legislatura: en medio de los discursos, una decena de uniformados se abalanzó sobre Facundo Gollano, músico y tatuador de Godoy Cruz, y lo trasladaron en un móvil policial sin patente. Primero estuvo en la Comisaría Sexta y luego fue derivado al Polo Judicial, donde se le imputó “robo simple en grado de tentativa” bajo el expediente 91777/25.
El abogado ambientalista Marcelo Romano asumió su defensa y fue contundente:
“Estamos ante el tercer preso político de Alfredo Cornejo”, afirmó, en referencia a los casos de Federico Soria y Mauricio Cornejo, también detenidos tras protestas ambientales en Uspallata.
Un patrón que se repite
Los casos anteriores demostraron un mismo mecanismo: detenciones arbitrarias, causas endebles y desgaste judicial como método de disciplinamiento. En el caso de Soria y Cornejo, ambos estuvieron privados de libertad por semanas hasta que la propia Justicia reconoció que no tenía competencia.
A este accionar se suma la criminalización de asambleístas como Nora Moyano, quien arrastra causas desde 2019 por defender la Ley 7722.
Pronunciamiento de la Iglesia
La gravedad institucional ya generó reacciones: la Pastoral Social de Mendoza y el arzobispo Marcelo Colombo denunciaron que “la justicia no es imparcial y el sistema policial y judicial se pone en aparente servicio de las empresas y funcionarios que promueven los proyectos mineros”.
Agua o represión
En Mendoza, el reclamo social por el agua choca de frente con la decisión política de avanzar en proyectos extractivos. Mientras tanto, las imágenes son claras: quienes deberían cuidar a los mendocinos están reprimiendo y encarcelando a quienes piensan distinto.