En medio de fuertes cruces entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas, el Senado le dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica la histórica Ley de Glaciares. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, propone un cambio de paradigma: restringe qué cuerpos de hielo deben ser protegidos y otorga a las provincias la potestad de habilitar actividades extractivas.
El Ejecutivo enmarca esta reforma en la necesidad de «ordenar el marco normativo vigente» y terminar con interpretaciones que consideran «arbitrarias». Según los defensores del proyecto, la ley actual (sancionada en 2010) protege de manera excesiva e indefinida el ambiente periglacial, bloqueando el desarrollo de proyectos mineros en zonas cordilleranas donde, aseguran, no hay recursos hídricos comprometidos.
De la protección total a la «función hídrica» La legislación actual es tajante: define como glaciar a toda masa de hielo (estable o que fluye) y protege tanto la alta como la baja montaña, prohibiendo expresamente la exploración y explotación minera, petrolera o industrial que altere el hielo o el agua. Hoy, el Inventario Nacional (a cargo del Ianigla-Conicet) tiene registrados casi 17.000 cuerpos de hielo.
El nuevo proyecto recorta esta tutela. La protección ya no será amplia, sino que se limitará únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una «función hídrica efectiva» y que sean relevantes para la recarga de las cuencas.
La denuncia de los expertos: «Regresión inconstitucional» El punto más conflictivo del proyecto es la delegación de poder a las provincias. La modificación establece que cada jurisdicción determinará qué glaciares protegerá y en cuáles permitirá la minería.
Especialistas y grupos ambientalistas alertan que esto es una «regresión ambiental» que viola el Acuerdo de Escazú y choca directamente con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Dicho artículo establece que es el Congreso Nacional el que debe fijar los «presupuestos mínimos» de protección ambiental de manera uniforme para todo el país. Al dejar el piso de protección a criterio de cada provincia, los críticos advierten que no solo se beneficiará a las empresas mineras, sino que se podrían desatar graves conflictos entre jurisdicciones que comparten las mismas fuentes de agua dulce.