Se trata de multas por incumplir con el registro de contratos. Cuánto dejarán de pagar las empresas. Fuerte malestar de productores por la derogación de la ley
Si bien la polémica ya estaba encendida, la derogación de ley 9133 de Registro de Contratos de productos agrícolas la dejó al rojo vivo. No sólo por el enojo de los productores ante la decisión de la Legislatura sino también porque con la extinción de la ley más de 100 empresas en Mendoza “zafaron” de multas millonarias por incumplimiento.
La lista es diversa: hay bodegas, fábricas de conservas y dulces, galpones de empaque de ajo, fruta y olivícolas. Y aunque predominan grandes firmas señaladas como “formadoras de precio”, también hay pymes y cooperativas.
“Déjense sin efecto las sanciones que no se encuentren firmes en sede administrativa o judicial, impuestas en razón de la aplicación de la ley derogada”, dice la norma sancionada la última semana.
El total de multas aplicadas hasta ahora es significativo. El Gobierno estimó en principio que las emitidas superaban $1.000 millones, pero por la lluvia de recursos interpuestos por abogados de las empresas para evitar su ejecución al menos un 50% no quedó firme.
Y por lo tanto, su cobro “deviene en abstracto” y por tanto las empresas ya no tendrán que pagarlas.
“La ley debía reformarse, no derogarse”
Sin embargo, hay excepciones a la regla. Es decir, algunos casos a los cuales sí les cabe la obligación de afrontar las sanciones económicas por incumplir con la ley de contratos de productos agrícolas.
Según lo que sancionó el Senado, le cabe a “casos en trámite, en los cuales el procedimiento sancionatorio haya sido instado por denuncia del productos afectado“.
Por eso, ante la derogación consumada, desde las cámaras de productores pusieron el grito en el cielo. Es que en los meses previos, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu se había comprometido a analizar opciones para modificarla, o adaptarla a los tiempos que corren.
Eso no ocurrió. Y en un intento por torcer el destino de la ley de contratos en la Legislatura, la Mesa Agropecuaria conformada por varias cámaras del sector primario para dar batalla logró sumar un proyecto alternativo.
“Coincidimos en que la exigencia de registrar contratos no estaba funcionando, pero la salida no era derogarla sino modificarla para evitar gastos burocráticos“, resumió Matías Manzanares, vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) antes de reconocer que en el sector están “muy molestos”.
Tras derogarse la ley de contratos, los productores piden por otra que multe a las empresas sólo si incumplen con precios y plazos de pago
Palabras como “estafa” y “engaño” se repiten. Manzanares es la voz cantante de la Mesa Agropecuaria que participó del debate en comisiones del Senado, que incluyó un proyecto alternativo presentado por la legisladora y dirigente Gabriela Lizana.
Además de la AVM, la Mesa abarca un arco bastante amplio: están también Aproem (Asociación de Productores del Este Mendocino), la Sociedad Rural de Valle de Uco, la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tupungato y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi).
Promesas incumplidas
Finalmente, el fin de la ley 9133 recogió el planteo original de las cámaras empresarias contra la ley, al considerarla “burocrática” y que sólo generaba gastos administrativos.
El directivo de la AVM no duda en apuntarle a los legisladores y al propio ministro Vargas Arizu por haber asegurado que llamaría a las partes a una reunión para buscar una alternativa a la derogación. “Nos tomaron el pelo” enfatizó.
Ese que el martes, los referentes de la Mesa había presentado en Diputados un estudio pormenorizado sobre la situación del mercado, los alcances de la ley y porqué actualizarla.
Según Manzanares “con el estudio apuntamos a la importancia de los contratos de compra venta de productos, pero que no es necesario registrarlos como lo exigía la ley. Muchas multas que ahora devienen en abstracto fueron por presentación fuera de término”.
Otro proyecto al rescate de los contratos
Ahora las aguas se abrieron entre hortícolas y fruticultores (menos proclives a defender la ley) y los viñateros.
“Lo que debe ser obligatorio es la constitución del contrato, con las condiciones estimuladas. No el registro. Así se eliminarían las multas que motivaban las quejas de las bodegas”, remarcaron desde la Mesa.
Es el espíritu del nuevo proyecto de ley detrás del cual empiezan a encolumnarse las cámaras de productores. Y que en adelante intentarán que llegue a la Legislatura.
Un cambio: que la multa o sanción económica se ejecute por incumplimiento de las condiciones (precio y pago en tiempo y forma). Y dejar de lado el plazo de presentación del contrato.
Mientras tanto, por ahora el bodeguero o industrial podrá entregar al vendedor sólo un boleto o recibo por la compra del producto, algo que ni siquiera es obligatorio.