El gobierno libertario de Javier Milei vuelve a mostrar su doble vara. Mientras para la SIDE (AFI) y otros gastos reservados hay miles de millones sin rendir, para garantizar derechos básicos a las personas con discapacidad “no hay plata”.
El Presidente promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero la dejó en suspenso con el Decreto 681/2025, argumentando que el Congreso no indicó de dónde saldrían los recursos.
En criollo: la ley existe, pero no se aplicará hasta que se asignen partidas específicas, algo que puede demorar indefinidamente.
El propio Ejecutivo reconoce que la implementación demandaría apenas 0,35 % del PBI. Sin embargo, se escuda en tecnicismos legales y en un presupuesto que, según ellos, “no alcanza”.
Mientras tanto, miles de familias siguen esperando pensiones, programas de salud y prestaciones que son vitales.
Una vez más, el gobierno libertario demuestra que ajusta donde más duele, mientras mantiene en la sombra gastos millonarios de inteligencia y otras áreas que nadie controla.
Promulgar una ley para después frenarla es una burla: juegan con la esperanza de las personas con discapacidad y sus familias.