Javier Milei volvió a mostrar con claridad quiénes son los ganadores y quiénes los sacrificados en su modelo económico. Este lunes se oficializó el veto presidencial a las leyes que buscaban mejorar los ingresos de los jubilados y declarar la emergencia en discapacidad, medidas aprobadas por amplia mayoría en el Congreso.
Con el argumento de que son “fiscalmente inviables”, el Gobierno decidió dejarlas sin efecto. Pero mientras tanto, sí avanza con alivios impositivos para los sectores más poderosos, como la reducción de retenciones a los grandes exportadores del agro. El mismo Estado que no tiene dinero para garantizar la alimentación de un jubilado o el transporte de una persona con discapacidad, sí lo tiene para perdonar impuestos millonarios al campo.
El veto fue firmado por Milei al filo del plazo legal, como parte de una maniobra política para ganar tiempo y alinear votos con gobernadores y bloques aliados que le garanticen blindar su decisión. “Tenemos herramientas para negociar con cada uno”, se jactan desde Balcarce 50. Entre esas “herramientas”, figuran desde aportes discrecionales hasta la aprobación de endeudamientos provinciales.
Las organizaciones que representan a los sectores afectados no tardaron en repudiar la decisión. Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió: “Nos están desfinanciando sin darnos ninguna respuesta. El veto profundiza la emergencia y condena a miles a sobrevivir sin prestaciones mínimas”.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, fue aún más contundente: “Los jubilados no dan más con 300 mil pesos. Esto no da para más. Mientras se debate, los viejos se mueren de hambre”.
En números, la emergencia en discapacidad tenía un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Una cifra insignificante comparada con el costo de los beneficios que el mismo Gobierno otorga a otros sectores sin el menor cuestionamiento.
El Congreso podría insistir con los proyectos si logra reunir los dos tercios en ambas cámaras. Pero desde la Rosada ya hacen cuentas para impedirlo. Mientras tanto, el ajuste sigue teniendo nombre y apellido: lo pagan los más vulnerables.