En una de las maniobras más cínicas y crueles de su gestión, el presidente Javier Milei ejecutó un «veto fantasma» contra el Congreso y la sociedad. Promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, que la oposición había logrado ratificar pese a su veto, pero inmediatamente después las suspendió por decreto, asegurando que no les transferirá un solo peso.
La jugada es una trampa burocrática para desafiar la voluntad del Congreso. A través de los decretos 759 y 760, el gobierno se ampara en una vieja ley (la 24.629) que establece que toda ley que disponga gastos debe prever su financiamiento. Como el Congreso no especificó de dónde sacar el dinero, Milei «promulga» las leyes pero las deja «suspendidas» y sin efecto.
En la práctica, esta «promulgación» es una burla. La Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar la actualización automática del presupuesto de las universidades según la inflación, queda en la nada. Las casas de estudio seguirán ahogadas y sin los fondos que el Congreso les asignó.
Peor aún es el caso de la Emergencia Pediátrica. La ley, ahora muerta antes de nacer, ordenaba la asignación «prioritaria e inmediata» de recursos para insumos, medicamentos y salarios en hospitales clave como el Garrahan. También establecía una exención de ganancias para el personal de salud en áreas críticas. Nada de esto se aplicará.
Es la misma maniobra que ya utilizó con la Emergencia en Discapacidad. Milei firma la ley para la foto, pero en los hechos la congela, negando los fondos y demostrando que la salud de los niños y la educación pública no son su prioridad, sino una variable de ajuste en su pelea con el Congreso.