El Gobierno Nacional intervino de lleno en el conflicto que mantenían traumatólogos y clínicas que prestan servicios al PAMI en Mendoza.
A través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, la Nación dictó una resolución que ordena a los médicos retomar de inmediato la atención a jubilados bajo las mismas condiciones vigentes hasta el 31 de marzo de 2025, dejando sin efecto los incrementos arancelarios que habían sido acordados por varias clínicas.
Esta medida impacta de lleno sobre el tarifario que implicaba aumentos de hasta el 400% exigido por la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología (AMOT). Con esta intervención, se suspende cualquier listado de precios nuevo o nomenclador y se exige que se garanticen los turnos y consultas habituales a todos los afiliados de PAMI.
La resolución se aplicará durante seis meses, en los que se buscará frenar lo que fue denunciado como una maniobra de presunta cartelización y abuso de posición dominante por parte de 47 traumatólogos y su asociación. La denuncia fue presentada por cinco importantes clínicas de Mendoza (Clínica Santa María, Hospital Privado, Santa Isabel, Italiano y A Mano) que acusaron a los profesionales de coordinar la interrupción del servicio para imponer subas y controlar la facturación.
En medio del conflicto, algunas clínicas habían aceptado los nuevos aranceles para no dejar a miles de jubilados sin atención, pero ahora la Nación dispuso retrotraer todo a las condiciones anteriores y prohíbe sancionar a médicos que quieran seguir atendiendo por fuera de la AMOT.
Además, la resolución ordena que la AMOT notifique a todos sus asociados sobre la vigencia de esta medida y publique la disposición en su sitio web durante diez días.
La intervención nacional intenta garantizar la continuidad de la atención para los afiliados de PAMI, en un contexto en el que la crisis del sistema de salud y la tensión por los costos vuelven a quedar expuestos.