El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo desembarcó en comisiones legislativas y encendió todas las alarmas gremiales. La iniciativa modifica la Ley 560/73 y, según sindicatos y especialistas, constituye una “reforma laboral encubierta”, regresiva e inconstitucional, que pone en riesgo la estabilidad de más de 100 mil trabajadores estatales.
La propuesta no solo cambia el régimen de ingreso a planta, sino que también introduce una nueva figura –los interinos sin estabilidad– y modifica los criterios de despidos, indemnizaciones y antigüedad.
📌 El punto más polémico: los “interinos sin derechos”
El proyecto crea la categoría de “personal interino”, que podrá ser despedido sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación. Para gremios como SITEA y ATE, se trata de una figura inconstitucional, ya que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 30 de la Constitución provincial.
“Quieren instalar un régimen de disciplinamiento. Un trabajador sin estabilidad no puede denunciar irregularidades, no puede defender la transparencia del Estado. Es una reforma para callar al empleado público”, denunció Raquel Blas, referente de SITEA.
📌 Antigüedad cero y cesantías encubiertas
Los interinos, aun si acumulan años de servicio como contratados, ingresarán con antigüedad cero. Además, se restringe la posibilidad de impugnar sanciones menores a 15 días, lo que permitiría acumular suspensiones para llegar a despidos encubiertos.
“Un prestador de salud con diez años de trabajo pasaría a ser interino con antigüedad cero. Es la negación de toda una vida laboral”, cuestionó Blas.
📌 Salarios caídos e indemnizaciones recortadas
La reforma también establece que, aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no cobrará salarios caídos durante el proceso. Y modifica el régimen indemnizatorio: ya no será un mes de sueldo por año trabajado, sino un único cálculo lineal que reduce la compensación hasta en un 50%.
📌 100 mil trabajadores en riesgo
El impacto es transversal: docentes, celadores, personal de salud, judiciales, policías, penitenciarios y administrativos quedarían alcanzados por la reforma.
“Acá lo que se está planteando es una reforma laboral para que el trabajador sin planta pueda ser echado sin derecho a defensa. No vamos a permitir que se legalice la precarización”, afirmó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.
📌 Gremios movilizados
ATE, AMPROS, SITEA, SIPES y Autoconvocados del Hospital Central lanzaron asambleas en toda la provincia. Se espera un plan de lucha con movilizaciones y medidas de fuerza, además de la presentación de acciones de inconstitucionalidad en la Justicia.
“Esto no es técnico, es político. Quieren un Estado débil y trabajadores disciplinados”, concluyó Macho.