Con un decreto publicado esta semana, el presidente Javier Milei oficializó una reforma alarmante: a partir de ahora, la Policía Federal puede investigarte sin orden judicial, espiarte en redes sociales, rastrear tus movimientos digitales y hasta detenerte si el Ministerio de Seguridad lo considera necesario.
El Decreto 383/2025, firmado por Milei y promovido por la ministra Patricia Bullrich, redefine por completo la misión de la Policía Federal Argentina (PFA), que dejará de hacer tareas de seguridad urbana para concentrarse en la “investigación de delitos federales y complejos”, como el narcotráfico o el ciberdelito. Pero el nuevo estatuto le otorga un poder sin precedentes a esta fuerza: podrá iniciar investigaciones por su cuenta, sin necesidad de que lo requiera un juez.
Además, el texto habilita a la Policía Federal a acceder a bases de datos públicas y privadas, y a realizar tareas de inteligencia criminal de forma “justificada”, pero sin que exista una intervención judicial previa. Esto incluye monitorear redes sociales, recolectar datos personales y abrir investigaciones sin control judicial. En pocas palabras, ahora el Gobierno puede vigilarte legalmente si no le gusta lo que opinás.
Este nuevo modelo de “seguridad” se inspira, según Bullrich, en organismos internacionales como el FBI. Pero, lejos de fortalecer las garantías del Estado de derecho, abre la puerta a la persecución política y la criminalización de la protesta o la disidencia en internet.
Mientras avanza el recorte del Estado, el ajuste en educación, salud y jubilaciones, el Gobierno concentra más poder en las fuerzas de seguridad. Bajo el disfraz de la “modernización”, se elimina la obligación de la PFA de actuar bajo requerimiento judicial. En la práctica, se habilita una policía que puede actuar como agencia de inteligencia interna sin control del Poder Judicial.
En un contexto de creciente tensión social y represión de la protesta, el nuevo decreto pone en riesgo derechos fundamentales. El derecho a la privacidad, la libertad de expresión y las garantías judiciales quedan debilitadas ante una fuerza con nuevas atribuciones que puede espiarte, seguirte y detenerte sin que hayas cometido un delito ni pasado por un juez.