Dos años de políticas liberales han sumido a la Argentina en una crisis social y productiva que, según los datos oficiales, es peor que el parate total de la pandemia. Mientras el gobierno festeja la «timba financiera», la realidad del pueblo es un abandiro total: la pobreza supera el 55%, el consumo se desplomó a un mínimo histórico y el salario real fue licuado, todo para garantizar las ganancias extraordinarias de las grandes empresas y bancos.
Los números no mienten y son más brutales que cualquier relato. El Observatorio de la Deuda Social (UCA) ya mide la pobreza en un 55.4% de la población, muy por encima del pico del 42% registrado en 2020, durante el peor momento de la cuarentena. A su vez, la indigencia escala al 17.5%, creando nuevas capas de excluidos.
El motor de este desastre es un desplome histórico del consumo. La consultora Scentia reportó una caída del consumo masivo del 15.8% interanual. Esta cifra es catastrófica: supera el derrumbe del 12.5% de 2020. Es decir, los argentinos hoy están comprando menos comida, menos remedios y menos productos básicos que cuando estaban encerrados en sus casas por el COVID-19.
Este no es un accidente, es el resultado de un plan. El poder de compra del salario (medido por el RIPTE) ha sufrido una licuación del 25% desde que asumió el nuevo gobierno. Los argentinos no consumen porque, simplemente, no tienen dinero. El modelo secó la plaza, fundió a las PyMEs y abandonó al pueblo.
Pero mientras la economía real se muere, hay un sector que vive una fiesta obscena: los bancos y las grandes corporaciones. Gracias a las políticas del Banco Central, el sistema financiero reporta ganancias trimestrales récord, impulsadas por la especulación con instrumentos financieros. Mientras una PyME no puede pagar la luz, los bancos ganan millones sin producir un solo tornillo. Es el modelo del abandono: un país quebrado y endeudado, con un pueblo más pobre que en la pandemia y una élite financiera más rica que nunca.