La defensa del agua en Mendoza se enfrenta a una respuesta cada vez más violenta por parte del Estado. La noche del jueves terminó con un saldo alarmante: represión, heridos y una cacería policial que incluyó la detención de trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo la manifestación contra el proyecto minero San Jorge.
El Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMza) alzó la voz ante lo que calificó como una «clara violación a la libertad de expresión». Entre los al menos 13 detenidos se encuentran Bautista Franco, periodista de Minuto Ya, y Santiago Algoberro, vocero de los trabajadores de la literatura.
Según confirmó el abogado Maximiliano Villarreal, ambos estaban realizando tareas periodísticas y debidamente identificados con sus credenciales colgadas en el pecho cuando la fuerza policial los arrestó y trasladó a calabozos. «Es un ataque directo al derecho de informar», denunciaron desde el gremio, exigiendo su inmediata liberación.
Gases, balas de goma y persecución familiar El operativo policial fue desmedido. Lo que comenzó como un «ruidazo» pacífico bajo el lema «El agua de Mendoza no se negocia», terminó con gases lacrimógenos y balas de goma. Siete personas resultaron heridas y debieron ser atendidas en el Hospital Carrillo.
La lista de detenidos difundida por la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) revela un ensañamiento particular: una familia completa de asambleístas, los hermanos Renzo, Facundo y Adrián Gollano, fueron nuevamente arrestados. Facundo ya había sufrido una detención arbitraria en agosto.
Organismos de Derechos Humanos como la CORREPI advirtieron que esto no es un hecho aislado, sino «un nuevo capítulo en la política de persecución» para disciplinar la protesta social y ocultar lo que pasa en las calles. En Mendoza, informar sobre la lucha del agua se ha vuelto una profesión de riesgo.