La Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE) le comunicó al gobernador que debe adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la cesión de 12 mil hectáreas de la Cordillera de Los Andes.
Este lunes se dio a conocer que la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE) determinó que Rodolfo Suarez y su equipo de Gobierno deberán retroceder en lo que respecta a la cesión de 12 mil hectáreas de Cordillera, luego de una serie de denuncias por irregularidades en la concesión para crear un centro de esquí en el departamento de Malargüe. Además, advirtió que ante la negativa de lo manifestado, “expresa reserva de accionar judicialmente en defensa de los intereses del Estado nacional”. Es decir, el Estado nacional podría recurrir a la Justicia.
El documento firmado por Martín Cosentino, presidente de la AABE, señala que se trata de una solicitud para que “se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto N.º 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia”. De esta manera, pierde validez el decreto establecido por el gobernador mendocino el 23 de diciembre.
En un tramo del escrito se detalla que “se advierte que la asignación efectuada a la firma EL AZUFRE S.A., no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa Provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes -que el Estado Nacional no reconoce ni convalida– y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras”.
Entre los argumentos expuestos, se destaca: “El mencionado campo, situado dentro de la zona de seguridad de frontera, le corresponde al Estado nacional en mayor extensión, por expropiación dispuesta por Decreto N° 3.892 de fecha 5 de junio de 1967, inscripto el dominio a su nombre en el Registro de la Propiedad, en la Matrícula 7109/19, con una superficie de CINCUENTA MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS HECTÁREAS (50.672 has), según sentencia de fecha 28 de julio de 1972”.
“Por el artículo 6° del referido Decreto, se facultó a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, a asignar los bienes expropiados a los organismos provinciales a cargo de tierras fiscales y/o planes de colonización, con cargo de devolución de las sumas percibidas por su venta a dicha Comisión Nacional. En ese contexto, se firmó el antes mencionado Convenio entre esa Provincia y la entonces Superintendencia Nacional de Fronteras, en fecha 31 de enero de 1990, ratificado por esa jurisdicción mediante Decreto N° 2.868/91, con el objetivo de coordinar las medidas jurídicas y operativas necesarias, para dar un destino final al Campo Potreros de Cordillera”, continúa.
Y agrega: “En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”.
“Solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto N.º 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia”, advierte el documento.