Cornejo quiere quedarse con el negocio de los peajes y necesita un favor de Milei para lograrlo
El Gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo, avanza con un ambicioso plan de reforma de rutas que incluye mejoras en las nacionales 7, 40 y 143. El objetivo declarado es claro: recuperar una inversión estimada en U$S 250 millones. Pero el verdadero negocio detrás del proyecto está en los peajes. Y para concretarlo, Cornejo necesita algo más que cálculos técnicos: necesita que Javier Milei le firme un DNU.
El convenio firmado con Vialidad Nacional le permite a Mendoza hacer las obras y cobrar peaje, pero no lo autoriza a concesionar ese cobro a empresas privadas. Para eso, Cornejo depende directamente del Presidente, que deberá habilitarlo mediante un decreto. La pregunta que muchos se hacen en Casa de Gobierno no es solo cuándo se firmará ese DNU, sino qué favor político deberá devolver Cornejo a Milei a cambio.
Mientras tanto, en el Ministerio de Infraestructura ya se estudian todos los escenarios para tercerizar el mantenimiento de las rutas a cambio del cobro del peaje. Técnicos y funcionarios buscan hacer rentable la licitación para inversores privados, delimitando qué tramos tienen mayor rentabilidad y cuáles no.
Lo cierto es que no todos los corredores viales tienen el mismo flujo de tránsito. Por ejemplo, la Ruta 143, que une San Carlos con San Rafael, tiene tan poco movimiento que colocar un peaje allí sería inviable. Lo mismo ocurre con el tramo de la Ruta 40 entre el Aeropuerto y Lavalle. En cambio, la Ruta 7 es el gran botín: en 2024, solo en el cruce de Urquiza (Guaymallén), circularon más de 35 millones de vehículos. Es la ruta más transitada de Mendoza y la que todos los privados querrían controlar.
El problema no termina ahí. En Mendoza no existe cultura de peaje. A diferencia de otras provincias como Buenos Aires o Córdoba, los mendocinos no están acostumbrados a pagar por circular, y hay un fuerte rechazo social a la idea de sumar más costos a los bolsillos ya golpeados.
Pero Cornejo parece decidido a avanzar. La ingeniería del proyecto busca convencer a la ciudadanía de que el cobro es necesario para mantener las rutas en buen estado, evitando accidentes y mejorando el tránsito. Sin embargo, detrás del discurso técnico se esconde una jugada política y económica que beneficiará a unos pocos: Mendoza se endeuda, los mendocinos pagan, y los privados hacen caja.
El interrogante es doble: ¿Qué ganará Cornejo a cambio de ayudar a Milei con esta maniobra? ¿Y qué costo político y económico pagarán los mendocinos por este nuevo “favor” entre aliados?