Transportistas, profesionales de la salud y otros especialistas reclaman por el atraso en los pagos y la aprobación de la emergencia en el Congreso.
Los prestadores de servicios a personas con discapacidad realizarán un paro nacional el jueves y, tal cual aseguran referentes locales, la medida también se sentirá en Mendoza.
La decisión es en apoyo al proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad que se tratará en el Congreso, en un contexto de atraso por los valores que reciben por sus servicios y, peor aún, falta de pago que para muchos se ha extendido desde hace meses.
Los reclamos vienen de larga data, no solo por parte de los prestadores de servicios sino también por parte de las familias, que han visto afectado el acceso a la atención además de otros recortes que han sufrido.
Según señalan los adherentes al reclamo, se trata de una medida autoconvocada y, por lo anterior, también contarán con el apoyo de las familias.
Por eso, si bien en Buenos Aires la idea es convocarse frente al Congreso, en Mendoza será a las 10.30 en la Legislatura en el marco de una movilización federal.
La medida incluye diferentes servicios como transportistas y profesionales de la salud entre los que se incluyen psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, terapistas del lenguaje, acompañantes terapéuticos, docentes, entre otros. La intención es no prestar servicios ese día, aunque advierten que, en el caso de acompañantes terapéuticos y docentes de apoyo, no necesariamente será sin servicios porque deben acompañar a los chicos para que asistan al colegio.
Sin embargo, hay sectores que no están de acuerdo con la quita del servicio por lo que no adherirá. Así lo explicó Gustavo Kreschma, referente del Foro de Discapacidad en Mendoza, que aglutina a escuelas especiales, centros de día, centros educativos de día y hogares. Ellos también vienen reclamando desde hace tiempo por una situación crítica que han calificado de insostenible.
Qué reclaman los prestadores
Quienes prestan estos servicios explican que en muchos casos, están a la espera de que obras sociales y prepagas terminen de autorizar prestaciones que se han presentado en diciembre. Incluso hay quienes no han cobrado desde enero pero siguen asistiendo a sus pacientes porque no pueden dejarlos sin la atención. De ello se deduce que en muchos casos han estado trabajando “gratis” lo que va de 2025.
Pero además, tal cual vienen advirtiendo desde hace meses, hay un atraso en el valor que perciben que se arrastra de larga data. Durante todo 2024 este valor recibió un aumento total de 3,3% en 4 etapas y no ha sido actualizado este año. Como consecuencia, el valor actual de la prestación es de $12.370. En tanto, el valor que reciben los transportistas por kilómetro es de $541, lo que contraponen al valor del litro de nafta que es más del doble: $1.169.
Silvana Alaniz es kinesióloga, detalló que en Mendoza ya se han sumado 96 instituciones y explicó que se ha pasado el tratamiento del proyecto al 4 de junio pero como ya estaba convocada la medida para el jueves, no se correrá. “Necesitamos que ese proyecto sea ley, que en el Congreso se vote”, subrayó. Destacó que las problemáticas afectan a todo el colectivo de la discapacidad.
Los prestadores de servicios a personas con discapacidad realizarán un paro nacional el jueves
“Nosotros trabajamos con la autorización de tratamiento, que la presentamos en el año anterior. En diciembre se hace toda la documentación, se autoriza ese tratamiento, y luego de 60 a 90 días se puede facturar para poder cobrar. Ahí estamos desde enero, terminando el mes de mayo y hay autorizaciones que aún no salen. Nosotros trabajamos igual porque no dejamos de atender, porque son nuestros pacientes de años, por la vocación que tenemos, y porque no los dejamos sin tratamiento. Entonces, a la fecha, hay obras sociales que, en mi caso particular, no he cobrado o directamente no han salido las autorizaciones, no sabemos cuándo van a salir. Sin embargo, seguimos trabajando igual y seguimos atendiendo”, detalló la profesional.
Qué dice la ley de emergencia en discapacidad
El pedido de sesión para tratar el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad ha sido pedido por la oposición, ingresará por Diputados de la Nación y luego debe pasar por el Senado. Contempla que se establezca un presupuesto para actualizar los valores que se pagan a los prestadores de servicios, como transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares y diversos profesionales. Incluye lo que se paga a trabajadores con discapacidad en talleres protegidos ya que el monto no se actualiza desde febrero de 2023.
También contempla procesos más rápidos y eficientes para auditorías y aprobación de pensiones, ya que se denuncia que desde que asumió el nuevo gobierno nacional se han otorgado muy pocas.
En tanto, el gobierno ya ha manifestado su oposición a la propuesta: el 30 de abril, en un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), manifestó su “enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición”. Expresó que “se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.