La tarde de este miércoles se tiñó de humo negro y sospechas en la Zona Este de la provincia. Pasadas las 16 horas, un voraz incendio se desató en las instalaciones del Casino de Mendoza – Sala Este, ubicado en el complejo Tótem Boulevard del departamento de San Martín. Mientras los vecinos reportan haber escuchado una fuerte explosión previa a las llamas, varias dotaciones de bomberos y personal policial trabajan a contrarreloj en el lugar para intentar controlar el siniestro que amenaza con consumir el edificio por completo.
Las densas columnas de humo obligaron a evacuar rápidamente el complejo, pero mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego, en la calle y en los pasillos de la política mendocina resuena una sola pregunta: ¿es esto una tragedia accidental o una «obra» calculada para cobrar el seguro?
El contexto que huele a fraude La sospecha no nace de la nada. El incendio ocurre apenas 15 días después de que estallara un escándalo financiero en torno a los operadores del casino (Grupo Kristich / UTE Fuente Mayor). A finales de febrero, trascendió que la sala estaba al borde del cierre inminente debido a una escasa concurrencia de público y, sobre todo, a una deuda asfixiante con la Administración Tributaria Mendoza (ATM). Según los registros filtrados, el grupo acumulaba obligaciones impagas por concepto de Ingresos Brutos que superaban los 7.000 millones de pesos.
Aunque en su momento los responsables del Casino emitieron un comunicado desmintiendo el cierre y negando la deuda para calmar las aguas, los números rojos de la concesión ya eran un secreto a voces.
Las dudas que debe despejar la Justicia Hoy, ese mismo edificio que arrastraba rumores de quiebra, se encuentra envuelto en llamas. El timing del siniestro resulta, como mínimo, increíblemente conveniente. Si las instalaciones sufren pérdidas totales, la intervención de las pólizas de seguro podría significar un «borrón y cuenta nueva» para un negocio que, de otra forma, parecía insostenible.
Ahora, la responsabilidad recaerá en los peritos de Bomberos y en la Justicia provincial, quienes deberán investigar a fondo los escombros para determinar qué provocó la explosión inicial. Los mendocinos exigen transparencia: en una provincia donde a los contribuyentes comunes se los asfixia con impuestos, no hay margen para que un siniestro millonario termine funcionando como un salvavidas VIP para tapar deudas con el Estado.