Una petición impulsada a través de la plataforma Change.org, para que no se entregue parte de la Cordillera de Los Andes a privados sin estudio de impacto ambiental, había juntado hasta este viernes casi 30.000 firmas.
La colecta, es impulsada por “Jóvenes por el Clima Mendoza”, un movimiento social y político encabezado por la juventud del país que lucha por revertir los efectos de la crisis climática.
El 23 de diciembre del año 2021, a través del Decreto Nº 2138 el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, cedió de manera gratuita más de 12.000 hectáreas de la Cordillera de los Andes a la empresa Azufre S.A para la construcción de un centro de esquí.
Según denuncian desde “Jóvenes del Clima por Mendoza”, el proyecto se está ejecutando de manera ilegal al no haber realizado las instancias obligatorias de evaluación de impacto ambiental ni una audiencia pública como lo establece la ley.
“Ante el avance del cambio climático y la crisis hídrica que atraviesa Mendoza hace más de 10 años, proteger los bienes comunes naturales estratégicos debería ser prioridad para el gobierno provincial en lugar de cederlos a empresas amigas”, señala la petición en el sitio Change.org.
Al ser una zona periglaciar, conformada por fuentes de agua dulce como arroyos, humedales y ríos, debería ser preservada. Así lo establece la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables en el Informe Ambiental del año 2006 y en el Informe Ambiental Territorial del 2008.
El Gobierno de Mendoza no ha podido justificar ni explicar los motivos de la entrega de 12.000 hectáreas, proporción que equivale a dos veces la Ciudad de Mendoza. Es una superficie exorbitante considerando que el centro de esquí más grande de Sudamérica es el Cerro Catedral, cuya superficie es de solo 2.000 hectáreas. ¿Cuáles son las razones que incentivó al Gobernador a privatizar esa extensión de tierras fiscales, ríos y humedales? “
“Para frenar la privatización de la cordillera, le exigimos al Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez: que derogue el decreto 2138 para la construcción de la pista de esquí, envíe el Proyecto de Ley a la Legislatura y realice los estudios de impacto ambiental cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos correspondientes, además de dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú, y nos garantice el acceso a la información ciudadana.”, finaliza la petición.