Polémica en Mendoza: así se defendió Jimena Latorre tras recibir 11.000 dólares para un posgrado privado
Un revelador caso puso en jaque la austeridad del discurso político en Mendoza y desató la indignación pública. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, cobró una transferencia de más de 13,6 millones de pesos ($13.643.838) provenientes del Estado provincial para reembolsarle el pago de una maestría privada en una universidad con sede en España. La medida encendió el debate: mientras cualquier ciudadano común debe pagar sus estudios con el sudor de su frente, a una funcionaria con un sueldo de rango alto se los financia un fideicomiso que depende de su propia órbita.
El pago se concretó el 4 de febrero de 2026 a través del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, un organismo administrado por Mendoza Fiduciaria y bajo la órbita política de la propia Latorre. Lo más cuestionado de la maniobra es que la aprobación del financiamiento corrió por cuenta del Comité Ejecutivo del fideicomiso, integrado por subordinados directos de la ministra, como el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.
El dinero público terminó cubriendo el 100% del costo de la Maestría en Economía Medioambiental (dictada por la Universidad Francisco Marroquín), un programa de 10 meses que la funcionaria cursó en modalidad 100% virtual desde su casa.
La grieta entre el ciudadano de a pie y los privilegios de la función pública
La difusión del expediente y de los montos específicos generó un choque directo con la realidad social. Las claves de una polémica que pone en juicio el uso de los fondos públicos:
- El privilegio presupuestario: Un trabajador, docente o profesional mendocino que busca perfeccionarse debe destinar ingresos propios —a menudo endeudándose— para saldar cuotas universitarias. Latorre, percibiendo un haber oficial de escala ministerial, logró que el Estado le reintegre un total equivalente a US$ 10.666,52 ($13,6 millones de pesos).
- La “autoatribución” de fondos: El organismo que liberó la transferencia es un fondo financiado por aportes de petroleras que la propia ministra administra y supervisa. Sus propios subordinados justificaron el gasto bajo el rótulo de “fortalecimiento institutional”.
- La justificación oficial: Tras la filtración, Latorre defendió el reembolso asegurando que “las capacitaciones históricamente se han pagado por el Estado” y que lo aprendido beneficia a la provincia. Sin embargo, la maestría constituye un título de posgrado a nombre personal que mantendrá vigente más allá de su paso por la función pública.
