A los bifes: El Gobierno cierra las exportaciones de carne por 30 días para frenar el aumento del precio interno

Ante las permanentes subas, el Gobierndo decidió suspender las exportaciones de carne hasta normalizar el mercado interno. La Mesa de Enlace se reune para resistir la medida.

El Gobierno frena las exportaciones de carne para negociar con el sector en una mejor posición relativa.
El Gobierno frena las exportaciones de carne para negociar con el sector en una mejor posición relativa.

Ante una dinámica de alza de los precios de los alimentos, en especial los de la carne vacuna, el Gobierno decidió suspender por 30 días las exportaciones de un producto clave de la canasta de consumo de los hogares. La carne acumula en doce meses subas de casi el 65 por ciento, por encima del promedio general del IPC. Como es previsible, la Mesa de Enlace se reúne hoy para evaluar la situación, pero algunos de sus miembros ya adelantaron que rechazan la medida.

Esta iniciativa para contener los precios se decidió tras una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con los representantes del sector exportador de carnes agrupados en el consorcio ABC, Mario Ravettino, Carlos Alberto Rusech, Gustavo Kahal y Martín Costantini.

La explicación oficial es la siguiente: “Como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno, el gobierno nacional decidió la instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia tendientes a ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior”.

En el Gobierno señalan que mientras se terminan de implementar tales medidas, las exportaciones de carne vacuna estarán limitadas durante un período de 30 días. Fernández le expresó a los empresarios su preocupación por el crecimiento sostenido en los últimos meses en el precio de la carne vacuna en el mercado interno. Les informó a los representantes del consorcio ABC que dicho período podrá verse reducido en el caso de que la implementación de las medidas antes señalada genere resultados positivos, al tiempo que se habilitarán mecanismos de excepción para operaciones en curso.

Esto significa que se abre un período de negociación para ordenar el mercado de las carnes.

Puja distributiva

La decisión se enmarca en la estrategia oficial para desacelerar el alza de precios que dejó de manifiesto Alberto Fernández al regreso de la gira europea. “Vengo decidido a atacar ese tema, me preocupa mucho porque es inexplicable, sinceramente no hay ninguna razón, más que el aumento del consumo, para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y abril”, dijo respecto a los precios en general.

Al referirse a las razones de esos incrementos, Fernández dijo en la entrevista dada a C5N que observa “una puja distributiva sobre quién se queda con las ganancias”, y advirtió que “algunos están apurando su ganancia y perjudicando mucho a la gente”.

Respecto a la carne fue concreto al apuntar que “celebra” que Argentina “exporte carne”, pero no que “hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8 mil toneladas de carne cuando acá se consumen 200 mil”.

Mesa de Enlace

Coninagro y Sociedad Rural se apuraron a rechazar la medida de suspensión de las exportaciones. El titular de la SRA, Daniel Pelegrina, que a la vez es ganadero, afirmó que “el cierre de exportaciones de carne por 30 días es un error y un paso atrás en todo sentido”.

Como es habitual, en esos dirigente la exageración es el ritual de sus declaraciones. Señaló que la suspensión por apenas 30 días, que puede reducirse si se ordena el mercado, “causará un daño irreparable a un sector productivo que ha demostrado que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional. La decisión destruye la imagen de Argentina como proveedor confiable y volveremos a regalarle los mercados a nuestros principales competidores”.

Para agregar: “Y lo peor de todo, tal cual lo demostró la reciente historia del kirchnerismo, en nada va a contribuir a bajar los precios especialmente en el largo plazo. El daño que provoca la medida va a disminuir la oferta de carne, haciendo que los precios terminen subiendo como ya ocurrió en el pasado. Es inconcebible que se elijan recetas que ya fracasaron a falta de las soluciones de fondo que Argentina necesita”. E informó que “vamos a juntarnos de inmediato con la Comisión de Enlace, para ejercer un rechazo total a esta nefasta medida”.

Alimentos

Ante la dinámica alcista de la canasta de alimentos, que tiene varios meses superando el índice general, el Gobierno Nacional también empezó a apuntarles directamente a los empresarios del sector como principales responsables. Así, además de la medida en el mercado específico de la carne, está definiendo otras. Lo de la carne es un indicio que puede repetirse en otros rubros que están ajustando al alza en el mercado doméstico trasladando la suba de los precios internacionales de las materias primas.

El malestar oficial con los fabricantes de alimentos se manifestó incluso en la reciente gira presidencial por Europa. Entre los funcionarios se habló de que “hubo traición” del sector empresario, que había rubricado varios acuerdos en las mesas de precios y salarios y en reuniones privadas de ministros con CEOs de esas corporaciones. “No colaboran con la sociedad en este momento difícil”, explicó un integrante de la gira, visiblemente enojado. El Gobierno los sentó a la mesa para pedirles un esfuerzo que, entienden en el oficialismo, no está acorde al esfuerzo que hacen a diario otros sectores sociales.

Si bien en el equipo del ministro Martín Guzmán admiten que la inflación es multicausal y relacionada con la estabilidad macroeconómica, plantean situaciones que grafican que no hay motivo concreto que justifique subas mensuales por encima de 4 puntos en la canasta básica. Lo mismo ocurre con los cálculos que tiene el ministerio de Desarrollo Productivo, cartera que mantiene un diálogo habitual con los sectores involucrados.

En el Gobierno observan que hay maniobras de firmas puntuales queencontraron la forma de remarcar por fuera del congelamiento de Precios Máximos. En cuanto a datos objetivos, creen que hay algo de impacto por la duplicación del valor de los commodities en el mercado de Chicago Y también leen que algo de repunte del consumo afecta, aunque ese fenómeno no se observa en cifras dado que el gasto de los hogares sigue retraído. A eso puede sumarse algo de traslado de aumentos de los combustibles.

Por otra parte, la cotización del tipo de cambio tuvo una variación por debajo del índice general de precios desde el inicio del año. Además paritarias clave, como la de alimentación, aún no cerraron. Entonces, por esos frentes no se evidencian factores que podrían presionar por el lado de los costos que luego se trasladen a precios. Hay una cifra que, aún con aumentos de salarios, refleja que no debería haber tanto traslado: el costo salarial en grandes supermercados tiene una incidencia de entre 18 y 20 por ciento de la facturación, y en la industria es menos de 10 por ciento. La diferencia se debe a los niveles de automatización que tiene la industria y no tienen esos comercios.

Dentro del mismo sector mercantil hay empresarios y sindicalistas que cuestionan los aumentos y que le encuentran una única razón de peso: cubrirse de inflaciones futuras. Para esto, aclararan los que conocen el paño del consumo, los fabricantes tienen algunas estrategias que no son ilegales pero sí muestran pocos códigos. Desde el inicio de la pandemia, los proveedores de alimentos nucleados en la Copal manifiestan que están en contra del congelamiento de precios. De allí una rebelión muy activa frente a Precios Máximos, la canasta diseñada cuando arrancó la pandemia. Esta movida por fuera del congelamiento explica, además de los aumentos en carnes, frutas y verduras, las razones por las cuales los precios de alimentos suben por sobre la media.

Como los grandes supermercados, unas 2000 bocas en todo el país con una representación en el consumo total no mayor al 25 o 30 por ciento, no pueden recibir productos con aumentos a riesgo de sanciones oficiales, los proveedores colocan por fuera de ese canal de comercialización. Lo hacen de dos maneras: la primera, vendiendo a precios más elevados en comercios de cercanía (autoservicios y almacenes), que representan el 70 por ciento del consumo; la segunda, eludiendo los programas Precios Cuidados y Precios Máximos con productos “creativos” a partir variaciones mínimas en peso neto, calidad o nutrientes.

Canasta

Los comercios barriales y sobre todo la red de supermercados chinos son el lado ciego de los controles oficiales. Para cubrir ese vacío se lanzará la canasta de 100 productos a precios fijos durante 6 meses. La idea oficial es lograr que el monitoreo de un universo muy difícil de fiscalizar con inspectores llegue en realidad a través de la información de venta de los mismos proveedores. Sobre todo de aquellas grandes empresas de alimentos que tienen logística propia. 

Además, el Gobierno quiere insistir en las mesas sectoriales. Aclaran en el oficialismo que se celebran los balances positivos de las alimentarias (como el caso de las ganancias de Arcor, luego de registrar sus primeros dos balances en rojos desde 2001, en 2018 y 2019), pero que esa ganancia no puede sustentarse en recomposiciones de márgenes desproporcionados. Ayer hubo una reunión de empresarios en Copal, entidad que comanda el futuro presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y se abordó el asunto. La estrategia es apuntar a que el problema mayor está en los productos frescos y no en los de la góndola.