Lo que el sábado parecía una pelea callejera más en el Barrio Malvinas, terminó revelando una realidad mucho más oscura: el hartazgo de los vecinos ante la inacción oficial y el deterioro de un complejo que es una bomba de tiempo. Un grupo de residentes decidió expulsar por la fuerza a presuntos ocupantes ilegales, en una secuencia que terminó con una persona arrojada desde un balcón del primer piso y una batalla campal en los pasillos.
El incidente, registrado en videos que se viralizaron, dejó al menos cuatro heridos. Uno de ellos permanece hospitalizado tras caer desde cuatro metros de altura luego de ser molido a golpes. La brutalidad del ataque no es casual; se da en un contexto donde el IPAV (Instituto Provincial Autárquico de Vivienda) ha sido intimado recientemente por la Justicia y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) debido al estado de abandono y la falta de respuestas sobre la situación estructural y dominial del Barrio Malvinas.
Un barrio al límite La «venganza» de los vecinos surge en medio de una crisis habitacional profunda. Los residentes del complejo denuncian que la falta de controles y el deterioro edilicio han convertido a la zona en un territorio donde la propiedad privada y la seguridad parecen haber quedado en un vacío legal. De hecho, a principios de este año, ya se habían reportado fuertes tensiones por intentos de toma de tierras y departamentos en áreas cercanas, los cuales terminaron en represiones policiales.
Esta vez, los vecinos no esperaron a la policía. Ante la detección de una nueva ocupación ilegal, la respuesta fue la violencia extrema. La Justicia Federal y provincial ahora investigan no solo la ocupación, sino los delitos de lesiones graves e intento de homicidio por parte de quienes participaron del linchamiento. Mientras tanto, el Barrio Malvinas sigue bajo un fuerte operativo de «blindaje» policial, intentando contener una furia vecinal que el Estado no supo prevenir.