El Gobierno de la Provincia destinará una millonaria cifra de recursos del Estado, para «adelantarle» la jubilación a los jueces

«El convenio que se firmó en secreto, beneficia a los que más ganan», denunció Guillermo Carmona.

Hace más de un mes y en el más completo sigilo, el gobernador Rodolfo Suarez, firmó un convenio con el Presidente de la Corte y ex funcionario de Alfredo Cornejo, Dalmiro Garay, mediante el cual el Estado Provincial, destinará fondos millonarios «para anticipar el pago de jubilaciones a jueces y otros funcionarios judiciales».

Esta medida, evitará que los jueces mendocinos, esperen como cualquier ciudadano algunos meses para comenzar a percibir sus haberes iniciado el proceso jubilatorio.

Así lo denunció este miércoles, Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina y precandidato a gobernador de Mendoza.

«He solicitado a los legisladores peronistas de Avanza Mendoza que citen a la Legislatura al ministro de Gobierno Ibánez y al presidente de la Corte Garay para que den explicaciones sobre el convenio para anticipar el pago de jubilaciones a jueces y otros funcionarios judiciales», aseveró Carmona.

«Se trata de cifras millonarias que deberá afrontar el gobierno de la provincia para que los señores y las señoras jueces no tengan que esperar, como cualquier ciudadano, que finalice el trámite jubilatorio«, agregó.

En la misma línea, Carmona agregó:

«Este «incentivo» a los jueces para jubilarse demuestra el apuro del actual gobierno por designar jueces, una nueva acción en el plan de cooptación al Poder Judicial que ha caracterizado a las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez. Este privilegio que se concede a funcionarios que perciben los sueldos más altos de la provincia implica la postergación de las necesidades del conjunto del pueblo de Mendoza para favorecer a sectores privilegiados».

Por último, el dirigente señaló:

«He solicitado también a nuestros legisladores que realicen todas las acciones legales necesarias para evitar que se concrete esta decisión injustificable y para que los funcionarios involucrados rindan cuentas ante la Legislatura por este bochornoso convenio».

El convenio: