Oscar Sandes debía pagar esa millonaria suma por irregularidades que sancionó el Tribunal de Cuentas en los ejercicios 2018 y 2019 de Vialidad Provincial
En un fallo dividido, la Suprema Corte de Justicia salvó al ex titular de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, de pagar $5 millones por una sanción que le había impuesto el Tribunal de Cuentas. La sanción era por irregularidades detectadas en la facturación de ese organismo en el ejercicio 2019, cuando Sandes era la mayor autoridad.
La Corte se expidió a pedido de Sandes, pero el fallo fue dividido. De los 3 jueces de la Sala I a la que llegó el planteo judicial, sólo dos -Pedro Llorente y María Teresa Day- hicieron lugar al pedido del ex funcionario de Vialidad, mientras que el juez Julio Gómez, había respaldado con su voto la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas.
Esta es la segunda intervención que esa sala de la Corte hace sobre la sanción contra Sandes. En abril del 2021 los mismos jueces -aquella vez de manera unánime- habían decidido suspender la ejecución de la multa contra el ex funcionario. En aquel momento se le imponía a Sandes devolver $2 millones que se habían gastado en ese organismo, pero que no se habían rendido.
Oscar Sandes cuando era jefe de Vialidad local.
El Tribunal de Cuentas había repasado los ejercicios 2018 y 2019 y en ellos detectó facturas truchas y varios gastos hechos con fondos de Vialidad Provincial que no tenían cómo justificarse. Según se detalló aparecían vacaciones, regalos y cenas que habían generado funcionarios de ese organismo.
La decisión por lo tanto fue que el titular de la administración de Vialidad era responsable de esos gastos que no se podían justificar y lo sancionó con devolver casi $5 millones.
En su defensa, Sandes repitió y lo dejó asentado en su planteo judicial que la mecánica que se detectó suponía la falsificación de su firma. “La operación consistía en que desde la Gerencia de RRHH, a cargo de la señora Corina Mercedes Gallardo, se emitían formularios P-18 (notas de pedidos para gastos) acompañados por facturas cuyo monto se adulteraban o no estaban vigentes (CAI vencido adulterado), se simulaba y falsificaba la firma del administrador, y se liberaban los fondos en efectivo y no en cheque como corresponde, conforme la normativa vigente y el uso y la práctica”.
Además acotó que él ordenó abrir sumarios administrativos, designó una comisión investigadora y denunció penalmente la estafa. En medio de esa investigación pidió al gobernador, en ese momento era la primera gestión de Alfredo Cornejo, que suspendiera a Corina Gallardo.
También añadió que en una declaración notarial Corina Gallardo reconoció que había falsificado sus firmas sin su consentimiento en las facturas adulteradas bajo análisis. Este reconocimiento se efectuó ante la notaria Rosa Aurora Amaya Blasco, solicitando se libre oficio requiriendo copia del testimonio pertinente.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas marcó en su sanción que Sandes era el responsable de Vialidad Provincial, y que por el cargo que ocupaba debía controlar el uso de los fondos que emanaban de ese organismo estatal.
En el mismo sentido la Fiscalía de Estado, marcó en su oportunidad que las “irregularidades pasaban ante sus ojos y fueron justamente advertidas por el propio Tribunal de Cuentas, lo que demuestra una clara negligencia en el ejercicio de su cargo, ya sea por acción y también por la omisión en el debido control”.