La Justicia de Comodoro Rivadavia no solo falló al entregarle la tenencia de Ángel (4) a su madre biológica; también falló al ignorar el entorno de extrema vulnerabilidad en el que lo estaba confinando. A seis kilómetros del centro, subiendo por calles de tierra al pie de los cerros, se encuentra la casilla de chapa donde el pequeño pasó sus últimos días. Un lugar marcado por las goteras, la basura acumulada y el hacinamiento total.
La «casa» es, en realidad, una habitación única de chapa con un baño diminuto que el padrastro improvisó recientemente. Allí, Ángel compartía el escaso espacio con su madre, Mariela Altamirano, la pareja de ella y una beba recién nacida. Cuatro personas viviendo en un solo ambiente, con la cama arrinconada y el frío de la Patagonia filtrándose por cada rendija.
«Vino una asistente social a ver el lugar» El testimonio de Eusebio, el dueño de la propiedad, es revelador y condena al sistema de protección infantil. Según relató, una asistente social visitó la casilla antes del desenlace fatal. El entorno que vio fue el de una familia que no podía pagar un alquiler digno y que terminó «apretada» en esa construcción de fondo.
Mientras el GPS marca un punto impreciso en la zona de Quintas, la realidad es dolorosamente clara: el camino hacia la casa de Ángel está rodeado de abandono. El mismo abandono que sufrió el nene por parte de un Estado que consideró que ese techo de chapa y ese ambiente único eran un lugar «apto» para su desarrollo. Hoy, esa casilla está vacía y bajo la lupa de la Justicia, pero el daño ya es irreversible.