Se trata de dos uniformados de la Policía Rural, quienes protagonizaron a principios de marzo una confusa persecución en el barrio Renacer de Maipú. Este lunes, ambos fueron a juicio abreviado y recibieron un año y medio de cárcel. Buscarán exonerarlos de la fuerza.
Dos efectivos de la Policía Rural fueron condenados la mañana de este lunes a un año y medio de prisión por protagonizar un operativo irregular desarrollado los primeros días de marzo en una vivienda del barrio Renacer, en Maipú.
Se trata del oficial inspector Diego Daniel Prado Aciar y del oficial ayudante Juan Ignacio Pedernera Miranda, quienes aceptaron su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado y admitieron haber cometido un hurto calamitoso.
La audiencia se desarrolló en el Primer Juzgado Penal Colegiado del Polo Judicial Penal, donde la jueza Dolores Gabriela Ramón homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal de Robos y Hurtos Oscar Malla y el abogado defensor Germán Hantow. Además de la pena de prisión en suspenso, la magistrada dispuso que ambos policías queden inhabilitados para ejercer funciones públicas por el doble del tiempo de la condena.
Inicialmente, los uniformados habían sido imputados por robo agravado por efracción y por su calidad de miembros de una fuerza de seguridad, tras una investigación que incluyó declaraciones de testigos, registros de cámaras de seguridad y pericias en el móvil policial.
Sin embargo, con el avance de la causa, se pactó un cambio de calificación legal a hurto calamitoso, figura contemplada en el artículo 163, inciso 2°, del Código Penal argentino; es decir, el delito que configura cuando alguien se aprovecha de una desgracia para robarle a otra persona.
El hecho revelado ocurrió el 6 de marzo por la tarde, cuando Prado Aciar y Pedernera Miranda llegaron en una camioneta oficial al domicilio de una mujer, rompieron la puerta de ingreso y permanecieron allí durante 25 minutos.
Según la acusación, durante ese lapso se apoderaron de 535.000 pesos en efectivo y otras pertenencias, en medio de lo que simularon ser un procedimiento policial. La maniobra fue advertida por vecinos, que declararon luego como testigos.
Una tercera policía que participó del patrullaje fue citada como testigo. Fue aporte fue fundamental. Según relató, desconocía las intenciones de sus compañeros y no ingresó a la vivienda. Su versión fue clave para que no se la imputara en la causa penal.
Si bien la pena impuesta es de cumplimiento condicional, desde el Ministerio de Seguridad y la Inspección General de Seguridad (IGS) confirmaron que el objetivo es avanzar con la exoneración de los dos uniformados en el expediente administrativo.
De hecho, fuentes oficiales señalaron que la permanencia de ambos en la fuerza “ya es insostenible”, más allá de la resolución judicial.