En la audiencia inicial, la Provincia no presentó ninguna propuesta de acuerdo para resolver el reclamo del departamento. El intendente Ricardo Mansur encabezó la representación de Rivadavia, acompañado por instituciones, cooperativas, representantes del sector productivo, concejales y funcionarios, preocupados por los recursos que no están siendo destinados al departamento. Además, la Corte rechazó el planteo de Fiscalía de Estado para incorporar a todos los municipios de Mendoza al juicio y estableció el 26 de febrero de 2027 como fecha límite para la producción de pruebas.
La Municipalidad de Rivadavia continúa adelante con el reclamo judicial contra el Gobierno de Mendoza por la aplicación de la Ley 9550, al considerar que su esquema de distribución de recursos coparticipables perjudica económicamente al departamento, al mantener descuentos vinculados a regalías que Rivadavia percibía en 1996 y que actualmente ya no recibe.
En este marco, durante la audiencia inicial realizada hoy, se desarrolló la primera instancia conciliatoria, en la que el Gobierno provincial no presentó ninguna propuesta de acuerdo para resolver el conflicto.
El intendente Ricardo Mansur estuvo presente acompañando el reclamo del departamento, junto a representantes de IRID, Rivadavia Básquet, la Cooperativa Medrano, la Cooperativa del Sud Río Tunuyán, Gabriela Lizana, concejales y funcionarios municipales. La participación de estos sectores refleja la preocupación compartida por los fondos que, según sostiene Rivadavia, no están llegando al departamento y que resultan fundamentales para su desarrollo económico e institucional.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el planteo de Fiscalía de Estado, que pretendía incorporar a todos los municipios de Mendoza al proceso judicial, bajo el argumento de que una eventual modificación de los coeficientes de distribución de la coparticipación podría afectar sus respectivas economías.
Sin embargo, la Corte rechazó esta solicitud y determinó que los demás municipios no deben integrar este proceso. El planteo de inconstitucionalidad presentado por Rivadavia tiene como objeto cuestionar la validez de la Ley 9550 y obtener un pronunciamiento judicial que, de resultar favorable, implique que la norma vuelva a la Legislatura provincial para adecuar los coeficientes de distribución y reconocer la situación del departamento.
