Lo anunció en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.
En conferencia de prensa, el Gobierno provincial salió a justificar la decisión de haberle otorgado un subsidio al ex senador Héctor Bonarrico. El ministro Víctor Ibañez aseguró que el proceso fue “transparente” y adelantó la estrategia política: harán una denuncia penal contra el pastor evangélico por tentativa de fraude a la administración pública por las declaraciones que éste hizo donde señalaba que esos fondos eran parte de un acuerdo político con Cambia Mendoza.
Ibañez, uno de los señalados por el ex senador de MasFe, explicó que el convenio con la Fundación de Acción Social “es público y transparente, ha seguido todos los carriles administrativos que se siguen en estos casos” y que se le otorgó como a cualquier entidad de “interés público”. “No hay un descubrimiento de algo, la publicación en el Boletín Oficial es la muestra cabal de la transparencia”.
Además, el ministro de Gobierno aseguró que ese convenio por 18 millones de pesos tendría que ser rendido por la ONG que preside Bonarrico. Y que los fondos se irían aprobando y depositando a partir del rendimiento anterior, bajo control del Tribunal de Cuentas. “Si no, además, debía devolverse el dinero”, agregó.
El ministro de Suarez indicó que dieron de baja el acuerdo con la fundación porque “las manifestaciones de Bonarrico intervierten fundamentalmente el destino de este subsidio”.
Con todo el escándalo ya desatado, ahora el Gobierno irá por la acción penal contra el ex socio de Cambia Mendoza. El ministro Ibañez adelantó que el Gobierno denunciará penalmente a Bonarrico por tentativa de fraude a la administración pública. Aunque no precisó, el funcionario aseguró que la presentación sería inminente.
“Porque indudablemente hay una errónea interpretación, una interpretación subvertida por parte del ex senador respecto del objeto que se tuvo con este convenio”, argumentó. Según Ibañez, fue el gobernador Suarez quien decidió avanzar por el camino penal.
De hecho, el ministro político aseguró que el mandatario provincial estaba “sorprendido” por las declaraciones del pastor evangélico.
Bonarrico había manifestado que el acuerdo había tenido hasta el visto bueno de Suarez. Pero Ibañez buscó minimizar la situación, al señalar que son muchos los documentos que llegan a la mesa del gobernador.
“El gobernador no está al tanto puntual de los innumerables o cientos de documentos de esta naturaleza”, afirmó.
“Se ventilará en la Justicia lo que se tenga que ventilar, no tenemos nada que ocultar”, definió Ibañez.
El descargo de Bonarrico
El exsenador y pastor Héctor Bonarrico recogió el guante tras las declaraciones de Ibañez y emitió un descargo en el que dijo estar sorprendido de “la actitud del gobernador Rodolfo Suarez de derogar un decreto que iba destinado a financiar programas educativos y de ayuda social a través de las iglesias evangélicas, que cumplen un rol tan importante en la sociedad como cualquier otro culto religioso”.
En esa línea apuntó a la administración provincial: “Me sorprende que el Gobernador dijera que ‘no estaba al tanto’ del acuerdo al que había arribado no con un dirigente político sino con un Ministro de primera línea y que luego fuera refrendado por quien es su actual vicegobernador, el señor Mario Abed (a cargo del ejecutivo, por ausencia del Sr. Gobernador, quien estaba al tanto y había autorizado el decreto)”.
“Si realmente el Gobernador no estaba enterado, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador”, disparó Bonarrico.
Luego dio más detalles del supuesto acuerdo al que había llegado con el gobierno: “Dicho acuerdo se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección ‘interculto’ para que yo ocupara el cargo de director. Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial. Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear”.
Y sumó: “Nadie en la fundación cobraría por la organización y coordinación de los programas y el dinero, además de ir directamente (y no a través de una estructura estatal) a la ayuda social, sería auditado trimestralmente”.