“Pablito” Vallejos está parapléjico y este miércoles será operado.
El juez Gabriel Bragagnolo coincidió con los argumentos de la fiscalía y entendió que Pablo Vallejos, quien está sospechado de cometer un asesinato y cinco robos, debe seguir con consigna.
Pablo Andrés Vallejos está en coma desde hace varias semanas en Terapia Intensiva del Hospital Central. Se encuentra parapléjico en calidad de detenido. Este hombre de 31 años es considerando un delincuente peligroso, debido a que lo acusan de participar en un asesinato y perpetrar, al menos, cinco robos de vehículos entre noviembre y febrero de este año. Casi siempre actuaba armado.
La semana pasada, en su caso intervino la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que depende de la Suprema Corte. Pidió su inmediata libertad por la condición en la que pasa sus días –con consigna policial y penitenciaria– y su abogado defensor actuó presentando un control jurisdiccional para que resuelva su situación procesal.
El pedido de Romina Cucchi, subdirectora de Ejecución Penal del área, generó revuelo en los Tribunales locales. Tanto es así que tomó intervención el máximo tribunal de Justicia, a través de la Secretaría Legal y Técnica, por pedido del presidente de la Corte, Dalmiro Garay.
Este martes, el juez de primera instancia Gabriel Bragagnolo dio por terminada la polémica durante una audiencia que se realizó en el nuevo Polo Judicial: rechazó la intervención de DDHH al entender que no se han vulnerado sus derechos mientras se encuentra internado.
Básicamente, de acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado intervino en el control jurisdiccional presentado por el defensor oficial Rubén Castro y entendió que Vallejos puede recuperarse con el paso de los días y tener más contacto con sus conocidos y hasta influir, a través de su familia, en lo que puedan declarar los testigos de la causa. Existe riesgo de entorpecimiento de la instrucción, explicó.
En el control jurisdiccional también participó la parte acusadora, es decir, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.
La representante del Ministerio Público fue clara desde un primer momento al sostener que la Dirección de Derechos Humanos no tiene competencia en las causas que está investigando y también lo hizo en la audiencia: pidió que Vallejos continúe en calidad de detenido en el Central porque es un asaltante peligroso.
Y hasta ventiló un hecho no menor ocurrido los primeros días de internación del sujeto, mientras se encontraba consciente: desde el servidor público de calle Alem le informaron a Lazo que
Vallejos tomó dos cuchillos de plástico y los ocultó debajo de la almohada. Luego, con esos elementos, amenazó al personal médico.
La fiscal también detalló ante el juez que no se han vulnerado los derechos de Vallejos al ordenar una consiga policial o penitenciaria donde se encuentra detenido. Explicó que no se le han cortado las visitas y que tiene contacto con su familia.
Así las cosas, Vallejos, quien fue baleado por policías la noche del 23 de febrero luego de dispararle en el rostro a una abogada durante una entradera en Villa Nueva para robarle su auto, permanecerá en calidad de detenido a pesar de su grave diagnóstico.
Fuentes hospitalarias contaron a este diario que pasa sus días parapléjico, presenta fallas renales, está intubado y será intervenido quirúrgicamente este miércoles. “Si se recupera, no volverá a caminar jamás. Es casi un vegetal”, describieron.
El inicio
Los cuestionamientos de DDHH nacieron luego de una publicación sobre todos los hechos que le imputará la fiscal Andrea Lazo a Vallejos.
Pablito, como lo llaman sus conocidos, está sospechado de cometer el crimen del chapista Luis Alberto Reymond, ocurrido el 2 de noviembre del año pasado en Las Heras.
Vallejos le robó su camioneta y la víctima se colgó para intentar evitar la pérdida del vehículo, pero cayó y golpeó su cabeza contra el asfalto, por lo que murió dos días después.
Con el paso de las semanas, Vallejos continuó robando autos, sostienen los investigadores. Le contabilizaron, al menos, cinco casos. Y hasta sustrajo de la puerta de la Comisaría Cuarta, a pesar de la voz de alto de los uniformados, un VW Fox que había robado un día antes y la policía había recuperado.
Luego de ser baleado en un fuego cruzado con efectivos, cuando hirió de gravedad a una abogada del Senasa al intentar quitarle su Peugeot, quedó internado en el Central. Allí contrajo pulmonía y su cuadro se agravó.
Entró en coma y la Dirección de Derechos Humanos solicitó que “se resuelva de manera urgente el cese de la detención de Pablo Andrés Vallejos”; entendiendo que el estado de salud del presunto delincuente se agravó con el paso del tiempo y que mantenerlo en calidad de detenido implica restricciones de posibilidad de acompañamiento y cuidado de su familia, “así como de tomar decisiones respecto del lugar de internación” o “bien llevarlo a su domicilio”.
El pedido generó sorpresa en la Corte y también en el mundo político, debido a que va en contra de las políticas criminales que mantienen autoridades del Estado.
Sin embargo, terminó siendo desactivado por el juez Bragagnolo y sin que el máximo tribunal de Justicia se expida.